AI pide que se investiguen los crímenes de las fuerzas de seguridad de Mubarak

  • La organización denuncia que se siguen realizando torturas y detenciones arbitrarias y se reprime la libertad de expresión.

Amnistía Internacional (AI) ha reclamado este miércoles a las nuevas autoridades de Egipto que se abra una investigación sobre los crímenes cometidos durante las décadas que Hosni Mubarak estuvo en el poder por parte de las fuerzas de seguridad y al amparo del estado de excepción en vigor.

En su informe Tiempo para la justicia: el corrosivo sistema de detención de Egipto, la ONG pide que se abra de inmediato una investigación independiente sobre los abusos contra los Derechos Humanos perpetrados por el temido Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado (SSI).

"Bajo la excusa del estado de excepción, se permitió durante años que las fuerzas de la seguridad del Estado del presidente Mubarak perpetraran graves violaciones sin temor al escrutinio ni al castigo", ha denunciado Amnistía.

El país está viviendo "un momento de cambio fundamental que exige que las autoridades tomen medidas concretas para que los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos rindan cuentas", ha proseguido la ONG, subrayando que "los egipcios deben ver que se hace justicia por los abusos contra los Derechos Humanos cometidos en el pasado".

En este sentido, la organización internacional se ha mostrado dispuesta a "poner su archivo de informes de Derechos Humanos a disposición de las autoridades egipcias para ayudar a la investigación".

Amnistía recuerda que el pasado 15 de marzo el Ministerio del Interior anunció que se había suprimido el SSI y que en su lugar se crearía un nuevo órgano de seguridad del Estado, pero no se han dado detalles sobre lo que ocurrirá con los agentes del SSI, si alguno de ellos será sometido a investigación y si se ha puesto en funcionamiento algún sistema de investigación de antecedentes para su integración en las fuerzas policiales.

Fin del Estado de Emergencia

Por otra parte, AI ha pedido que se ponga fin de inmediato a los 30 años de estado de excepción y ha afirmado que todas las disposiciones propias del estado de excepción deben ser anuladas. La ONG asegura haber documentado en las últimas semanas el uso constante de la tortura, la detención arbitraria, los juicios de civiles en tribunales militares y la represión de la libertad de expresión por las autoridades.

Después de que el Ejército dispersara violentamente a los manifestantes de la plaza de Tahrir el 9 de marzo, las manifestantes contaron a Amnistía Internacional que las golpearon, les aplicaron descargas eléctricas, las sometieron a registros corporales sin ropa, y luego las obligaron a someterse a "pruebas de virginidad" y las amenazaron con acusarlas de ejercer la prostitución.

"Aunque los uniformes hayan cambiado, hemos visto que los cuadros de abusos continúan siendo los mismos. Es fundamental que se rindan cuentas de los crímenes cometidos en el pasado para que quede bien claro que ya no se tolerarán más violaciones", ha reclamado Amnistía Internacional.

Los agentes del SSI utilizaban la detención administrativa para recluir a personas que se mostraban críticas con las autoridades egipcias, activistas de Derechos Humanos y presuntos delincuentes durante todo el tiempo que deseaban, sin intención de que fueran procesados en un juicio penal, recuerda la ONG.

Las autoridades no han dado a conocer nunca cuántas personas había en régimen de detención administrativa. Las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos calcularon que en los últimos años del régimen de Mubarak el número ascendía a entre 6.000 y 10.000.

Tras la caída del presidente Mubarak, el nuevo ministro del Interior anunció el 12 de marzo que desde comienzos de febrero habían sido puestos en libertad 1.659 personas que estaban bajo detención administrativa, pero se desconoce cuántas permanecen en esta situación.

Amnistía Internacional pidió que las víctimas de violaciones de Derechos Humanos recibieran reparación, incluida una indemnización económica y garantías de que habrá una reforma fundamental.

"Las autoridades no pueden simplemente barrer el pasado bajo la alfombra sin resolver las necesidades de las víctimas de años de represión implacable", ha subrayado Amnistía Internacional. "Tienen la obligación de decirle a las víctimas por qué fueron tratadas injustamente y quién fue responsable de su terrible experiencia", ha reclamado la ONG.

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