El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se enfrenta a dos juicios pendientes después de que el Tribunal Constitucional invalidara ayer la ley que otorgaba inmunidad a los cuatro altos cargos del Estado conocida como Laudo Alfano.

En su segundo día de deliberaciones, los 15 magistrados que conforman la alta Corte decidieron, por nueve votos a favor y seis en contra, que la norma, aprobada el 22 de julio de 2008, vulnera dos artículos de la Constitución.

Los jueces consideran que el Laudo Alfano contradice el artículo 138 de la Carta Magna, según el cual una ley de estas características debía haber sido introducida a través de una reforma constitucional y no como ley ordinaria.

Asimismo, dictaminaron que el texto del Gobierno de Berlusconi, obra de su ministro de Justicia Angelino Alfano, viola el artículo 3 de la Constitución, que establece el principio de igualdad de todos los ciudadanos.

Con esta decisión, el Constitucional abre la puerta para que se reanuden al menos dos de los cuatro procesos judiciales en los que Berlusconi se había visto implicado y que permanecían suspendidos porque gozaba de inmunidad.

Uno de ellos es el juicio por el supuesto pago de 580.000 euros al abogado inglés David Mills para que falsificara su testimonio en dos procesos celebrados en 1997 y 1998 contra el mandatario de los que fue absuelto.

El segundo proceso, también suspendido, está relacionado con supuestas irregularidades en la compraventa de derechos televisivos con su grupo de comunicación Mediaset. Este caso, en el que están imputados otros dirigentes del grupo, se ocupa de la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de Mediaset, por valor de 470 millones de euros y en torno a la cual se creó un entramado de transacciones en las que supuestamente participaron empresas registradas en paraísos fiscales al servicio de Berlusconi.

La Fiscalía sospecha que en la operación se aumentó de forma artificial el precio real de los derechos, se desvió a cuentas en el extranjero casi 280 millones de euros y se eludió al fisco el equivalente a unos 170 millones de euros entre 1994 y 1996.

Tras la decisión del Tribunal Supremo, las reacciones tanto de la oposición como de los afines al Gobierno no se han hecho esperar.

El propio Berlusconi ha sido taxativo: "Con o sin laudo seguimos adelante, tenemos que gobernar cinco años. Estas cosas me importan un pepino. Jamás pensé que un Tribunal Constitucional con 11 jueces de izquierdas aprobase el texto. Era imposible".

El primer ministro, que considera que los procesos judiciales en su contra son "farsas montadas por los jueces rojos" para atacarlo políticamente, pasó la tarde a la espera del veredicto en el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo, reunido con sus ministros más allegados.

El subsecretario de la Presidencia y portavoz, Paolo Bonaiuti, manifestó que se trata de "una sentencia política, pero que Berlusconi, el Gobierno y la mayoría continuarán gobernando como siempre han pedido los italianos desde abril de 2008", coincidiendo en esa valoración con todos los líderes del centroderecha.

Por su parte, el líder del opositor partido Italia de los Valores (IDV), el ex magistrado anticorrupción Antonio di Pietro, pidió la dimisión del jefe del Gobierno y que se siente en el banquillo de los acusados, a la par que su formación abogó por convocar elecciones anticipadas.

A pesar del revuelo causado, cabe recordar que ésta no es la primera vez que Berlusconi se enfrenta a la pérdida de la inmunidad. En su anterior mandato, Berlusconi ya intentó blindarse ante la Justicia con la llamada Ley Schiffani, que otorgaba inmunidad a los cinco altos cargos del Estado, ya que en esa ocasión se incluía al presidente del Constitucional.

En esa ocasión la alta Corte también invalidó la norma, por lo que al inicio de esta legislatura se modificó el texto para evitar el rechazo de la ley que, finalmente, como se demostró ayer, no fueron suficientes para garantizar la inmunidad del primer ministro.