El abogado general del Gobierno de Escocia, James Wolffe, argumentó ayer que el Parlamento autónomo escocés debe ser consultado antes de que el Ejecutivo británico pueda activar el proceso de salida de la Unión Europea (UE).

Wolffe declaró ante el Tribunal Supremo, que desde el lunes analiza un recurso del Gobierno de la primera ministra, Theresa May, contra un dictamen anterior que le obliga a obtener autorización del Parlamento británico antes de invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, lo que iniciaría las negociaciones con Bruselas.

El Gobierno escocés, opuesto al Brexit, ha decidido intervenir en el proceso para defender sus intereses, así como también lo hacen Gales e Irlanda del Norte. El letrado escocés sostuvo que la legislación que apuntala la creación de las autonomías en el Reino Unido implica el "principio constitucional" de que el Parlamento autónomo debe dar su consentimiento a los posibles cambios legislativos que afecten a sus competencias.

Por otro lado, el Gobierno británico aceptó una propuesta de la oposición laborista para publicar una hoja de ruta sobre el Brexit antes de iniciar las negociaciones con Bruselas, aunque evitó comprometerse ayer en la Cámara de los Comunes acerca del nivel de detalle al que descenderá ese plan.

El ministro para la salida del Reino Unido de la UE, David Davis, advirtió que revelar demasiada información socavaría la posición negociadora de Londres.

Downing Street adelantó que respalda la moción laborista que obligará al Gobierno a divulgar sus planes. En contrapartida, añadió una enmienda a esa propuesta por la que el primer partido de la oposición se compromete a aceptar el calendario fijado por el Ejecutivo para iniciar el Brexit de forma oficial antes de abril.