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Francia plantea ampliar las expulsiones en casos de robos y mendicidad agresiva

  • El ministro del Interior galo niega que la medida estigmatice a ninguna comunidad y apunta que los delitos perpetrados en París por rumanos han aumentado un 259% en año y medio.

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El Gobierno francés no sólo seguirá adelante con su política de desmantelamiento de campamentos ilegales de gitanos y deportación de sus ocupantes sino que se plantea ampliar las expulsiones en casos de "robos reiterados" o "mendicidad agresiva".

Se trataría de ampliar las posibilidades de deportaciones de extranjeros "en casos de amenaza al orden público por actos repetidos de robo o mendicidad agresiva", anunció el ministro francés de Inmigración, Eric Besson. En rueda de prensa junto al titular del Interior, Brice Hortefeux, y al secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, Besson anunció que presentará una enmienda a la legislación vigente en este ámbito para que esa medida se pueda aplicar.

Es una iniciativa destinada a "luchar de forma más eficaz contra las redes de inmigración clandestina y de trata de seres humanos procedentes de Rumanía y de Bulgaria", añadió Besson, quien encabezará la delegación del Gobierno francés que explicará a varios miembros de la Comisión Europea (CE) la política de Francia en relación con la comunidad romaní.

En poco más de un mes, desde que el pasado 28 de julio el presidente francés Nicolas Sarkozy dio instrucciones a su Gobierno para el desmantelamiento de la mitad de los campamentos ilegales de gitanos y la deportación de sus ocupantes, ya se han evacuado 128 instalaciones de este tipo y se ha devuelto a sus países a 977 gitanos. Ese el balance que ha hecho el ministro del Interior, Brice Hortefeux, en la misma rueda de prensa, en la que precisó que en lo que va de año más de 8.300 rumanos y búlgaros han sido devueltos a sus respectivos países. "No hacemos más que aplicar las leyes en vigor", dijo el ministro del Interior, antes de incidir en que "el Gobierno dice lo que hace y hace lo que dice". Las operaciones de evacuación y desmantelamiento de campamentos ilegales "van a seguir porque son legítimas y necesarias" agregó.

Hortefeux reiteró que no se trata de estigmatizar a ninguna comunidad en concreto, ni de expulsar a gitanos por el hecho de serlo pero tampoco de "cerrar los ojos a la realidad". Como ejemplo, el ministro dijo que los actos de delincuencia en París perpetrados por rumanos aumentaron un 259 por ciento en el plazo de año y medio. Uno de cada cinco robos en la capital francesa es obra de un ciudadano rumano y uno de cada cuatro robos de menores fue cometido también por un menor de esa nacionalidad, añadió.

Al igual que Besson en Bruselas, Hortefeux también tendrá que dar explicaciones, aunque en su caso su interlocutor será el presidente de la Conferencia Episcopal en Francia, el cardenal André Vingt-Trois, al que recibirá para tratar de aplacar las críticas surgidas en el seno de la Iglesia católica en este ámbito. Más que críticas, el ministro ha dicho que se han escuchado declaraciones de la jerarquía católica relacionadas con "nuestro deber de acogida y de respeto a los demás".

Nada que ver con las de otros dirigentes políticos que han ido mucho más allá al hablar de política "nazi", "racista" o de "redadas" o incluso con las del arzobispo de Toulouse, Robert Le Gall, quien llegó a comparar las expulsiones de gitanos con las deportaciones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Es una comparación que constituye una "falta grave", según el primer ministro galo, François Fillon, quien defendió la actual política de seguridad aunque reconoció que hay algunos que la utilizan con "demagogia".

También cerró filas en torno a Sarkozy y a sus compañeros de gabinete el ministro de Exteriores, Bernard Kouchner, pese a que reveló que llegó a plantearse la dimisión a raíz de la polémica suscitada por las expulsiones de gitanos. No lo hizo porque "irse es desertar", explicó el ministro en declaraciones a la emisora RTL, en las que aclaró que, aunque "no estoy contento con esta polémica", la política que se está aplicando es "necesaria" porque "es necesario hacer que se respete la ley". Quien parece no tenerlo tan claro es el ministro de Defensa, Hervé Morin, quien recientemente cuestionó una política sustentada únicamente en medidas represivas.

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