El primer ministro de Pakistán, Yusuf Razá Guilani, hizo ayer una encendida defensa de la democracia como "la única opción viable" para el país y descartó necesitar ayuda extranjera para poner fin a la tensión con el Ejército.

En un comunicado, Guilani, del gobernante Partido Popular de Pakistán (PPP), admitió que "las democracias son ruidosas, reflejan luchas por el poder y subrayan los conflictos internos".

"El pueblo de Pakistán ha aprendido ahora una lección de nuestra propia historia: que la democracia no es fácil pero es la única opción viable", declaró.

Las declaraciones de Guilani y la iniciativa parlamentaria llegan tras una semana de desencuentros entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, que han ejercido el poder en Pakistán durante algo más de la mitad de su historia.

La oficina de Guilani desmintió ayer una información publicada por una agencia de noticias extranjera según la cual el gobernante llamó la semana pasada al embajador británico en Islamabad para pedir ayuda ante un hipotético golpe militar.

"El Gobierno democrático dirigido por el primer ministro recibe su fortaleza del pueblo de Pakistán y no de ninguna potencia extranjera", se indica en un comunicado oficial.

El asunto no es baladí pues el origen del enfrentamiento actual entre las cúpulas civil y militar no es otro que el bautizado como memogate, un caso iniciado en torno a una petición similar.

El memogate es un supuesto documento secreto que el Gobierno hizo llegar a EEUU para que interviniera en caso de un golpe militar tras la operación unilateral de fuerzas estadounidenses que mató al líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama ben Laden, en mayo pasado en la ciudad paquistaní de Abottabad.

El escándalo ya ha desembocado en la destitución de un confidente del presidente paquistaní, Asif Alí Zardari y supuesto mediador en la comunicación, el ex embajador en Washington Husain Haqqani, pese a que el Gobierno niega que tal documento exista.

El Ejército, que ve en la petición secreta una afrenta, sí le da veracidad y así se lo ha hecho saber al Tribunal Supremo, que investiga el caso. La respuesta a la corte del jefe de las Fuerzas Armadas, Ashfaq Pervez Kiyani, fue tachada por el primer ministro de "ilegal" por no haber pasado por el filtro del Ejecutivo, a cuyas órdenes deben estar supeditados.