El Gobierno francés llevó ayer al Senado su polémico plan de refuerzo de la lucha contra la delincuencia, que incluye el endurecimiento de las penas para quienes atenten contra la autoridad pública, como policías, gendarmes o funcionarios de prisiones.

El proyecto llega al Senado después de que este verano las intenciones del presidente Nicolas Sarkozy de retirar la nacionalidad a franceses naturalizados que atenten contra la autoridad pública suscitara una amplia polémica.

En lo que afecta a la eventual retirada de la nacionalidad será otro texto, examinado en el Parlamento a finales de mes, el que aborde la cuestión, aunque ésta ha influido también en el debate del refuerzo de la lucha contra la delincuencia que ayer comenzó en el Senado.

El ministro francés de Interior, Brice Hortefeux, aseguró que el Gobierno pretende abrir "una nueva etapa para la protección de nuestros compatriotas" y que la reforma es una "estrategia global de acción". "La delincuencia evoluciona y por eso hay que adaptarse", advirtió el ministro quien, no obstante, aseguró que "en el 93% de los casos los criminales son identificados, detenidos y transferidos a la Justicia".

El debate versa sobre un proyecto que el Gobierno quiere que sirva para "asegurar la tranquilidad de nuestros compatriotas", dijo Hortefeux al presentar el plan, que prevé condenas mínimas para los autores de violencias agravadas.

El Ejecutivo presenta enmiendas que son en realidad un añadido al proyecto de Ley sobre la Seguridad Interior que ya votó la Asamblea Nacional en febrero y no incluye la revocación de la nacionalidad a los condenados por polígamos, como quería Hortefeux.