El Gobierno francés aprueba por decreto su ley liberalizadora

  • Evita así el paso por el Parlamento, que la rechazaría. Contempla ampliar a doce los domingos de apertura de comercios, la desregularización de ciertas profesiones o la liberalización de sectores como el transporte en autobús. El partido de Sarkozy presenta una moción de censura.

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La fragilidad del Gobierno francés quedó patente cuando el primer ministro, Manuel Valls, se vio forzado a recurrir a un inusual artículo constitucional para aprobar en la Asamblea Nacional la llamada ley Macron de liberalización de la economía y sortear así la previsible falta de apoyo parlamentario. "Este Gobierno asume plena y totalmente sus responsabilidades por el país, por el interés general", proclamó Valls ante los 577 diputados de la Asamblea Nacional, al anunciar que para impedir el voto se acogía al artículo 49.3 de la Carta Magna, que se utilizó por última vez en 2006.

El socialista Valls, que había convocado un Consejo de Ministros extraordinario ante lo ajustada que se anunciaba la votación, telefoneó minutos antes del escrutinio al presidente, François Hollande. En esa llamada le transmitió que, a tenor de sus últimos cálculos en una frenética sesión de intercambio de mensajes de texto entre escaños, no lograría reunir una mayoría suficiente, y obtuvo la autorización de Hollande para usar el artículo 49.3. Ese instrumento legislativo dispone que un proyecto de ley queda aprobado en primera lectura en la cámara baja (aunque deberá continuar con su tramitación parlamentaria en el Senado), salvo que la oposición presente una moción de censura dentro de las 24 horas siguientes.

Y esa fue precisamente la reacción del primer partido de la oposición, la conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP), que preside el ex jefe del Estado Nicolas Sarkozy. Su portavoz, Christian Jacob, calificó en el hemiciclo de "importante fracaso personal" para Valls el mostrarse "incapaz" de lograr un voto favorable para la "pequeña ley Macron" en una Asamblea Nacional con mayoría de izquierdas y tras 190 horas de debate parlamentario durante las últimas tres semanas.

La moción de censura, que a priori cuenta con escasas opciones de prosperar en virtud del reparto de fuerzas parlamentarias, se someterá a votación el próximo jueves. De ser rechazada, quedará aprobado un proyecto de ley que contempla iniciativas como ampliar los domingos en los que los comercios pueden abrir en las zonas turísticas -de 5 a 12-, la desregularización de ciertas profesiones como los notarios o la liberalización de sectores como el transporte público en autobús.

En líneas generales, la izquierda critica el texto por ser demasiado liberal, mientras que la derecha juzga que el proyecto de ley no aportará un crecimiento significativo a la endeble economía francesa. El recurso al artículo 49.3 de la Carta Magna, que se asemeja a un voto de confianza, evidencia la fragilidad del Gobierno a dos años y medio de las próximas elecciones legislativas.

El gobernante Partido Socialista (PS) no pudo garantizarse ni siquiera el voto unánime de todos sus escaños pues buena parte de las señorías rebeldes de esa formación comunicaron que votarían en contra. También anunciaron su rechazo a la ley Macron, uno de los pilares de las reformas económicas del Gobierno socialista para el presente curso político, los diputados del Frente de Izquierda y los ecologistas, que se unieron a la UMP y los centristas de la UDI. Marine Le Pen, presidenta del ultraderechista Frente Nacional (con solo dos escaños en el hemiciclo pero un apoyo del 30% en las encuestas) pidió la dimisión del Gobierno y la celebración de elecciones anticipadas.

No obstante, la crítica en bloque parece ser una reacción casi automática de la oposición cuando un Gobierno sortea el voto de la Asamblea Nacional. El propio Hollande criticó con firmeza el recurso a esa herramienta para eludir el sufragio de los diputados en 2006, cuando se sirvió de ella el entonces primer ministro conservador, Dominique de Villepin, para hacer avanzar un controvertido proyecto de contrato para jóvenes. "Es una violación de los derechos del Parlamento, una brutalidad, una negación de la democracia, una forma de impedir o frenar el debate parlamentario", declaraba entonces Hollande, entonces primer secretario del Partido Socialista.

Ahora, sin embargo, el PS considera que lo primordial es dinamizar la economía francesa, aunque para ello el Ejecutivo tenga que acortar el desarrollo parlamentario habitual. "Tenemos la convicción de que hay que reformar, hay que avanzar", dijo el primer ministro para resumir por qué el Gobierno decidió impedir que los diputados votaran la ley Macron, llamada así por el apellido del ministro de Economía, Emmanuel Macron.

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