El Supremo de Pakistán inculpa al primer ministro por desacato

  • El Gobierno rechaza reactivar un proceso en Suiza contra el presidente por malversación

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El Tribunal Supremo de Pakistán inculpó formalmente ayer al primer ministro, Yusuf Raza Gilani, por desacato ya que su Gobierno rechaza desde hace dos años reactivar un proceso en Suiza contra el presidente Asif Ali Zardari por presunta malversación de fondos.

La televisión nacional PTV anunció que la máxima jurisdicción del país dio lectura formalmente a los cargos contra el jefe del Gobierno, quien puede ser condenado a seis meses de reclusión y en caso de condena perdería su cargo.

El primer ministro no está implicado en el caso llamado de "las cuentas suizas" de Zardari, sino que está acusado de desacato al Supremo por no haber reclamado a Suiza, tal como le ordenaba la corte en 2009, la reapertura de una investigación sobre el muy impopular jefe del Estado.

Gilani invocó la inmunidad judicial del presidente en ejercicio, un argumento rechazado por el Supremo en primera instancia y en apelación.

El origen del escándalo se remonta a 2007, cuando el entonces presidente de facto, el general Pervez Musharraf, concluyó una alianza secreta con Benazir Bhutto, líder de la oposición recién retornada del exilio, para una división del poder tras las legislativas de 2008. En ese contexto, se decretó una amnistía general que exoneró a más de 8.000 personas (incluídos Bhutto y su esposo, Zardari) de todos los cargos de corrupción.

Después del asesinato de Bhutto en diciembre de 2007, Zardari -conocido como Señor 10% por las comisiones que cobraba- fue elegido presidente por el Parlamento.

En 2009, la Corte Suprema anuló la amnistía que liberaba a Zardari de procesos judiciales, en particular en un caso de presunta malversación de fondos públicos en los 90 y traspasados a cuentas en Suiza.

La Corte instó al Gobierno a reclamar a la Justicia suiza que iniciara procedimientos judiciales, lo que nunca hizo.

La severidad del tribunal pone en mayor dificultad al jefe del Estado y al Gobierno, muy impopulares, acusados de corrupción y mala administración, enfrentados a la hostilidad creciente de las poderosas Fuerzas Armadas en un contexto de crisis económica aguda.

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