La escena se desarrolla cada lunes por la mañana y jueves al mediodía en un aeropuerto cualquiera de alguna de las 27 capitales de la UE. Vuelo con destino a o con salida en Estrasburgo, la ciudad francesa sede del Parlamento Europeo. Coste del billete: en torno a 900 euros en "primera clase". Aparato: Airbus A320.

Los bien mullidos asientos de primera están casi todos ocupados por eurodiputados, que parecen devorar ejemplares de sus rotativos internacionales preferidos, mientras las azafatas se esfuerzan en atender cada mínimo gesto de sus euroseñorías y les ofrecen una copa de vino, champán o cava. La escena es bien conocida de eurodiputados, personal de vuelo de las compañías aéreas en cuestión o de los periodistas que en muchas ocasiones viajan (en clase turista) en el mismo avión que transporta a sus privilegiadas señorías hasta o desde la urbe alsaciana.

Desde 1979, la primera vez en que la Eurocámara fue elegida por sufragio universal, casi nadie había reparado en ello, hasta que el pasado miércoles una inusual votación volvió a recordar al común de los mortales que los más de 700 eurodiputados son, en realidad, una clase aparte.

Y es que la votación de ese día en la Eurocámara de Estrasburgo se saldó con una negativa de la mayor parte del hemiciclo a renunciar a su prerrogativa de viajar en primera clase o en business para desplazamientos de trabajo.

Precisamente en momentos de aguda crisis económica en gran parte de la UE, cuando Portugal acaba de pedir ser rescatado por Bruselas, y sobre todo cuando el Parlamento Europeo está siendo investigado por la agencia antifraude del bloque (OLAF) por al menos tres casos de corrupción, negarse a viajar en turista parece un gesto de niños consentidos.

Y es que en cuestión de imagen, la Eurocámara, considerada el templo acrisolado de la democracia en Europa y en el mundo, con la concesión anual del premio Sajarov a la libertad de conciencia, también debe "predicar con el ejemplo", especialmente tras el escándalo destapado hace diez días.

Varios reporteros del periódico The Sunday Times se hicieron pasar por lobistas y ofrecieron a cuatro eurodiputados (entre ellos un español) generosos sobresueldos -de 100.000 euros- a cambio de modificar el texto de una directiva de la UE.

Dos de los eurodiputados, filmados y grabados por los periodistas con cámaras camufladas, el conservador austríaco Ernst Strasser y el socialista esloveno Zoran Thaler renunciaron a sus escaños poco después de que estallara el escándalo.

A pesar de que el reglamento permite que cada eurodiputado elija el billete, se recomienda que si el viaje es inferior a cuatro horas, el trayecto se haga en clase turista y no en primera, posibilidad que existe -al igual que para los funcionarios de la Comisión Europea- si el viaje es superior a las cuatro horas. No obstante, el intento de aprobar una norma mucho más austera no fructificó. Hasta no hace mucho, numerosos eurodiputados (independientemente del partido) recurrían a un truco sencillo. Dado que se le asignaba una cantidad fija para "dietas y desplazamientos" en avión, por ejemplo, sacaban sus billetes de ida y vuelta en clase turista y con lo que les sobraba hacían "caja".

"Soy responsable de la integridad del Parlamento Europeo. Estoy decidido a mantenerla", comentaba la semana pasada el presidente de la Eurocámara, Jerzy Buzek, para justificar que los funcionarios de la OLAF puedan investigar los casos de corrupción.

En un intento por demostrar la voluntad de frenar nuevos casos de este tipo, Buzek se reunió incluso con miembros de la ONG Transparencia Internacional, a quienes expresó la voluntad de la Eurocámara de luchar intensamente -y de manera "preventiva"- contra la corrupción en el seno de la institución.

Como en otros tantos hechos cotidianos de la vida, y según reza el viejo dicho popular, "la mujer del César" (léase la Eurocámara y sus miembros), no solo deben ser honestos, sino también "parecerlo".