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La derecha francesa también ataca a Sarkozy por su política "abyecta"

  • La 'guerra' emprendida por el presidente francés contra los gitanos molesta también a determinados sectores conservadores · La oposición de izquierdas le acusa de utilizarles como "chivo expiatorio"

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Las voces discordantes han comenzado a alzarse en el seno de la derecha francesa contra la política calificada de "chocante" e incluso "abyecta" del presidente Nicolas Sarkozy hacia los gitanos, tras una serie de desmantelamientos policiales de campamentos ilegales en Francia.

"Esta política es chocante. Se burlan de los franceses. Los problemas de seguridad no dependen de unos pocos campamentos de gitanos", denunció ayer el diputado del partido presidencial UMP François Goulard en el diario Le Parisien. Goulard, cercano al ex primer ministro Dominique de Villepin, rival de Sarkozy en el campo conservador, considera que "se actúa para contentar a una parte de la opinión pública con una eficacia casi nula. Es una cortina de humo".

En 15 días, unos 40 campamentos ilegales de gitanos fueron desmantelados en Francia y unas 700 personas serán próximamente expulsadas hacia Rumanía y Bulgaria. En una nueva vuelta de tuerca, Sarkozy también advirtió que pretende privar de la nacionalidad francesa a algunos criminales de origen extranjero.

Esta política fue firmemente criticada por la ONU por establecer un vínculo entre inmigración e inseguridad, mientras que en Francia la izquierda acusó al gobierno de promover el "racismo de Estado" a menos de dos años de las elecciones presidenciales.

Esta postura sobre la seguridad, a la que Sarkozy debe en parte su elección en 2007, es mal aceptada por una parte de la mayoría conservadora.

Así, el diputado UMP Jean-Pierre Grand denunció en varias ocasiones el cariz "abyecto" que están tomando las expulsiones de gitanos y condenó los "métodos que recuerdan las redadas durante la guerra mundial".

Por su parte, la ex ministra Christine Boutin, presidenta del Partido Cristiano Demócrata, aliado de la UMP, llamó a sus partidarios a dejar de "cultivar el miedo", afirmando que "la estigmatización de tal o cual comunidad exacerba la violencia".

Además, acaba de producirse un caso por lo menos curioso: mientras el presidente francés, Nicolas Sarkozy, endurecía su política contra los inmigrantes gitanos, se declaraba monumento histórico el mayor campo de concentración de gitanos establecido por los nazis en el país. "Es un buen varapalo contra el Gobierno y la actualidad política", opinó Jacques Sigot, que desde hace décadas impulsaba la creación de un sitio conmemorativo de la masacre nazi en Montreuil-Bellay, en el centro de Francia. Unas 3.000 personas fueron encerradas en ese campo. .

La nueva ofensiva contra los campamentos ilegales es una respuesta a los disturbios generados por la muerte de un joven que huía de la Policía. La víctima pertenecía a uno de los grupos nómadas que desde hace años viven en caravanas cerca de Saint-Aignan. Decenas de personas protestaron por la muerte y atacaron a la Policía. Sarkozy se quejó públicamente del "comportamiento de algunos nómadas o gitanos".

Esas denominaciones unifican en realidad a un grupo nada homogéneo. El pueblo errante es una categoría de la Administración francesa que cubre a unas 400.000 personas. Un 95% de ellas son francesas y unos dos tercios son sedentarias. En la calle se los llama tzigans o gîtans, el equivalente a gitanos, un término que alude al origen legendario de estos grupos. Entre ellos se encuentran sin embargo unos 15.000 romaníes, que provienen de Bulgaria y Rumanía.

En su objetivo de dejar de verlos en sus calles, el Gobierno francés paga incluso los pasajes de la repatriación. El año pasado unos 10.000 fueron devueltos a sus países de origen. La medida tiene un éxito relativo: se estima que dos terceras partes regresaron de inmediato a Francia. París está por ello incrementando la presión política para que Rumania mejore las políticas de integración de sus gitanos y disminuya así el flujo migratorio hacia Francia.

La oposición gala, entre tanto, acusa al Gobierno de estar utilizando a los romaníes y otros pueblos errantes como chivo expiatorio. También de agitar el tema para derivar la atención de otros problemas que afectan al Gobierno, como el escándalo por donaciones irregulares de la heredera de L'Oréal.

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