El juez desestima la denuncia presentada por Nisman contra la presidenta argentina

  • El magistrado cree que los indicios aportados por el fiscal fallecido no son suficientes.

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La Justicia argentina desestimó la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de terroristas, al dictaminar que no hay pruebas para iniciar una causa penal, aunque la decisión podrá ser recurrida. El magistrado Daniel Rafecas consideró que, analizadas las evidencias, "ha quedado claro" que ninguna de las líneas de acusación expuestas por Nisman y después retomadas por el fiscal Gerardo Pollicita "se sostiene mínimamente", según una resolución difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Para Rafecas, no se puede iniciar un proceso penal ya que las pruebas "dejan huérfano de cualquier sustento" la supuesta maniobra de 'encubrimiento' y/o 'entorpecimiento de la investigación' del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní". "Por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto 'plan criminal' denunciado" por Nisman, considera Rafecas.

Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, presentó la denuncia por encubrimiento cuatro días antes de morir de un disparo en la sien en su domicilio, en circunstancias aún no aclaradas. En la denuncia, presentada el 14 de enero, identificaba a la presidenta, al canciller, Héctor Timerman, y a varios colaboradores oficialistas como presuntos responsables de haber orquestado un plan para exculpar a los presuntos sospechosos iraníes del ataque contra la AMIA.

El fiscal Gerardo Pollicita recogió la denuncia y, el pasado 13 de febrero, solicitó a Rafecas la imputación de Cristina Fernández y del resto de acusados por Nisman. Las acusaciones se relacionaban con la firma de un memorándum de entendimiento con Irán, aprobado en 2013 en Argentina pero nunca ratificado por las autoridades iraníes, que contemplaba la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer el atentado. Según la denuncia de Nisman, tras el memorándum se escondían negociaciones entre la Presidencia argentina y el Gobierno de Irán para intensificar las relaciones comerciales a cambio de encubrir a los presuntos terroristas.

Rafecas desestima esta acusación porque "el presunto delito nunca se cometió", ya que el tratado nunca se puso en marcha. El magistrado también rechaza que el Gobierno actuase para tratar de levantar las ordenes de captura con alerta roja de Interpol de los sospechosos, ya que el análisis de las pruebas, "lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito".

Según anticiparon medios locales, Pollicita recurrirá el dictamen, aunque fuentes de la Fiscalía rechazaron confirmar esa posibilidad. Desde la oposición, aunque ratificaron su respeto a la Justicia, cuestionaron que Rafecas actúe con independencia. La diputada de la Coalición Cívica y aspirante presidencial Elisa Carrió aseguró que el Gobierno ha "negociado" con el juez para que no se investigue a la presidenta y para que se desestime la denuncia de Nisman. Por su parte, Patricia Bullrich, diputada del bloque Unión-Pro, consideró que en "Argentina necesitamos generar condiciones para que la Justicia actúe con autonomía e independencia porque uno también puede pensar que los jueces o fiscales están con miedo y las resoluciones pueden no ser las adecuadas".

El dictamen de Rafecas supone un balón de oxígeno para el Ejecutivo de Fernández, que en los últimos tiempos se ha mostrado abiertamente enfrentado al Poder Judicial a raíz no solo de la denuncia de Nisman sino de varias causas que la salpican a ella y altos cargos como el vicepresidente, Amado Boudou, doblemente procesado por corrupción y falsificación de documentos. La propia presidenta, que sostiene que los jueces y fiscales actúan como un partido político opositor, afronta acusaciones directas en el marco de una denuncia por presuntas irregularidades financieras en una empresa hotelera Hotesur, de la que es accionista.

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