Un juez federal ordenó hoy por primera vez la liberación en territorio estadounidense de un grupo de detenidos en la base naval de Guantánamo (Cuba).

El juez de la Corte Federal del Distrito de Colombia Ricardo Urbina determinó que no había pruebas de que ese grupo, compuesto por 17 musulmanes de la minoría china uigur, estuviera formado por "combatientes enemigos" o que supusieran un riesgo para Estados Unidos.

El dictamen supone un revés para el Gobierno del presidente George W. Bush, que había argumentado que los jueces federales no tienen autoridad para ordenar liberaciones en EEUU de detenidos en Guantánamo.

El grupo de musulmanes chinos, que lleva casi siete años detenido en Guantánamo, esperaba su puesta en libertad desde el 2004.

El Pentágono ya no considera a los 17 uigures "combatientes enemigos" pero permanecían retenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo porque EEUU ha sido incapaz de encontrar un país que los acoja.

El Gobierno chino pidió a EEUU el traspaso de la custodia de los chinos musulmanes, pero la administración Bush y organizaciones pro derechos humanos temen que los musulmanes puedan ser torturados si son devueltos a su país de origen.

El magistrado señaló en su argumentación que la Constitución estadounidense prohíbe detenciones indefinidas sin causa ni cargos.

El grupo de musulmanes chinos ha sido retenido en Guantánamo desde que fueron capturados en Pakistán y Afganistán en 2001.

Los esfuerzos del Gobierno estadounidense por encontrar un país que acepte a esa minoría han sido infructuosos por el miedo de muchos estados a sufrir represalias diplomáticas por parte de China. En 2006, Albania dio refugio a cinco uigures de Guantánamo pese a las protestas de China.

Tras conocer la decisión del juez Urbina, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) celebró la liberación de los 17 detenidos en Guantánamo. "Una vez más una corte federal ha rechazado la teoría de la administración de Bush de que su decisión puede triunfar sobre la revisión judicial y los derechos constitucionales", afirmó Jennifer Daskal, la principal abogada en asuntos de lucha contra el terrorismo de HRW.