El Gobierno sigue a la espera de que el escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel del Literatura, acepte la oferta que se le ha hecho para presidir el Instituto Cervantes, una propuesta que exdirectores de esta institución, como César Antonio Molina y Jon Juaristi consideraron ayer inmejorable.

"Si Vargas Llosa aceptara esa oferta, sería un honor para el propio Instituto porque en estos momentos él es quizá la persona más relevante de la cultura y de la intelectualidad española e hispanoamericana", decía Molina, que dirigió el Cervantes de 2004 a 2007. Con el mismo entusiasmo se expresa Jon Juaristi, para quien la figura de Vargas Llosa constituiría una "excelente fachada" para el Instituto. "Como representante del Cervantes no se puede buscar una personalidad mejor", afirmaba Juaristi, director entre 2001 y 2004.

Distinta es, sin embargo, la visión del novelista Antonio Muñoz Molina, uno de los escritores españoles más destacados y que fue director del Cervantes de Nueva York. "Con todos los respetos hacia Vargas Llosa, ¿qué va a hacer él en el Cervantes?, se pregunta el autor de Sefarad. "De nuevo la política de gestos sobre el análisis serio y el trabajo pegado a la realidad. En materia cultural, y en materia de acción cultural en el exterior, parece que no hay remedio", aseguró Muñoz Molina.

Jon Juaristi advierte de que la gestión de esta institución es "muy complicada", por lo que sería necesario "doblar" la figura de presidente con la de "un buen director ejecutivo". Y así tiene previsto hacerlo el Gobierno. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ya dijo ayer que la misión de Vargas Llosa sería la de representar al Instituto Cervantes en el mundo, mientras que otra persona se encargaría de las labores ejecutivas. Y esa otra persona, según apuntó el ministro, podría ser el diputado del PP Rafael Rodríguez Ponga, aunque esta decisión tiene que ser consensuada con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Rodríguez Ponga ocupó diversos cargos relacionados con la cultura durante los ocho años del Gobierno de José María Aznar, entre ellos el de director general de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Educación y Cultura y el de director de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

El cargo de presidente no figura en la ley que regula las actividades del Instituto Cervantes, en la que solo se habla del director y del secretario general. Por tanto, habría que modificar la ley pero, según fuentes gubernamentales consultadas, el Gobierno podría hacerlo mediante real decreto dado que es "una cuestión de organización".