La Junta exige que el cementerio de San Miguel tenga protección integral

  • El informe de Cultura al PGOU pide ampliar la conservación prevista para más de 70 inmuebles de la ciudad

La Delegación provincial de Cultura de la Junta de Andalucía ha puesto ya sobre la mesa sus exigencias para avalar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga. El informe, que entró en las dependencias municipales el 4 de diciembre, insta al equipo de gobierno a realizar numerosas variaciones en el documento aprobado de manera provisional, entre las que se incluye el aumento de la protección arquitectónica prevista para más de 70 inmuebles.

El listado elaborado por los técnicos otorga especial trascendencia a instalaciones como el cementerio de San Miguel; dos villas situadas en Paseo Limonar, una de las cuales acoge el Colegio El Limonar; el convento Nuestra Señora La Paz, situado en la zona de la Trinidad, y el Hogar de San José, en el entorno de La Rosaleda, para las que se demanda protección integral. Esta calificación afecta a aquellos edificios que "deberán ser conservados íntegramente por su carácter singular y monumental y por razones histórico-artísticas, preservando todas sus características arquitectónicas".

La medida de la Junta supone una apuesta decidida por salvaguardar algunas de las piezas edificatorias singulares de la capital, muchas de las cuales estaban recogidas en el Plan General con un grado de protección II, es decir, que son consideradas "sin interés arquitectónico general", a pesar de lo cual "contienen elementos que deben ser conservados o disposiciones tipológicas que deben ser reproducidas conceptualmente en los proyectos de nueva planta". Frente al argumento municipal, la Cultura apuesta por elevar la protección a grado I, impidiendo la desaparición de los inmuebles.

De otro lado, el informe de Cultura subraya la imposibilidad de edificar en los suelos próximos al Cerro de la Tortuga, inscrito como Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 1999. A este respecto, invalida el desarrollo de los sectores Alcubillas y La Ermita, por afectar a la citada zona arqueológica, y defiende la necesidad de mantener los citados suelos tal y como estaban fijados en el PGOU de 1997, donde estaban recogidos como suelo urbanizable no programado. Similar medida se adopta en el caso del Cerro del Villar, también BIC, que es recogido en el PGOU como Sistema General de Espacios Libres a excepción de una parte que está como área libre en suelo urbanizable sectorizado, calificación que rechaza Cultura.

En materia arqueológica, la Junta reclama al Ayuntamiento la inclusión en las fichas urbanísticas de determinados sectores de las cargas relativas a los trabajos arqueológicos a desarrollar. "Las intervenciones arqueológicas deben ser previas al desarrollo urbanístico del sector", precisa el informe de la Junta. Entre los terrenos afectados por esta premisa están los de Repsol, por la posible existencia de enclaves alfareros; Arraijanal, San Cayetano y La Corchera.

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