Reino Unido desconectará internet a quienes descarguen música o películas

  • El Gobierno británico prepara una ley similar a la de Francia que obligará a las operadoras a advertir a sus clientes y, si reinciden en las descargas ilegales, cortarles la conexión a internet

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El Gobierno británico prepara un proyecto de ley que obligará a los proveedores de servicios de Internet a desconectar a quienes reincidan en la descarga ilegal de música o películas.

Los clientes sospechosos de ese tipo de prácticas recibirán un aviso en cuanto sean sorprendidos por primera vez, serán suspendidos por algún tiempo a la segunda ocasión y, si vuelven a reincidir, se quedarán sin conexión. Los nombres y otros detalles de los clientes infractores podrían ser comunicados a los tribunales, pero el Gobierno aún no ha decidido si los distintos proveedores de servicios de Internet podrán compartir esos datos.

Según señalan varios medios británicos que han tenido acceso al borrador legislativo, las compañías de banda ancha que no cumplan serán perseguidas legalmente. Alrededor de seis millones de usuarios de la banda ancha se calcula que descargan ilegalmente archivos todos los años en el Reino Unido, práctica que supone para las discográficas y empresas cinematográficas pérdidas millonarias de ingresos.

Los cuatro mayores proveedores británicos de Internet - BT, Tiscali, Orange y Virgin Media- llevan seis meses negociando un sistema voluntario con las mayores productoras y distribuidoras de Hollywood. Desde hace dos años se llevan a cabo también negociaciones entre la industria musical del Reino Unido y proveedores individuales de Internet sin que se hayan registrado avances notables.

Entre los puntos en discusión está el de quién se encargará de arbitrar cuando, por ejemplo, un cliente afirme haber sido víctima de la piratería de otro individuo que se ha aprovechado de su red inalámbrica (wi-fi) para hacer sus propias descargas sin autorización. La decisión francesa de sancionar con el corte de internet al tercer acto de piratería ha aumentado en cualquier caso las presiones sobre el Gobierno británico para que adopte una legislación paralela.

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