Un juez estadounidense ha denegado la moción presentada por la empresa Odyssey para mantener de manera confidencial las respuestas a un cuestionario sobre el tesoro conocido como Cisne negro , que España reclama como suyo.

En ese cuestionario se le pidió a Odyssey que expusiera su hipótesis de trabajo sobre la identidad de cualquier nave que pudiese estar relacionada con dos lugares sujetos a procesos que la empresa tiene pendientes ante el tribunal. Odyssey, con sede en Tampa (Florida), extrajo en 2007 un tesoro de monedas de oro y plata y otros objetos valorado en más de 500 millones de dólares. La posible identificación del Cisne negro como un buque español es la pieza clave en la reclamación de España del pecio.

La empresa indicó ayer que esperaba tener la oportunidad de explicar con más detalles sus razones por las que introdujo la solicitud de confidencialidad. Pero su petición de sostener una audiencia a puerta cerrada en vez de una vista judicial en la sala del tribunal le ha sido denegada. "Como resultado de la orden judicial y ante la advertencia específica del magistrado Mark A. Pizzo sobre sus expectativas por la justificación de la orden de protección, el público ahora se enterará de las conjeturas sobre las posibles identidades de los sitios en cuestión", explicó Odyssey.

Una nave posiblemente relacionada con uno de los sitios es Nuestra Señora de las Mercedes y las Ánimas, una embarcación española que había sido asignada para el transporte de correspondencia y de pasajeros y el envío de bienes comerciales y otro tipo de carga en el momento de su hundimiento en 1804. En su respuesta al cuestionario del tribunal, Odyssey también señaló que tenía información bajo revisión que podría ser inconsistente con la hipótesis de que el lugar del siniestro es el de ese barco.

Odyssey nombró al Merchant Royall, una nave mercante británica perdida en 1641, como la posible identidad de la nave relacionada con el otro lugar del naufragio. Indicó nuevamente que tenía información bajo revisión en ese caso que podría ser inconsistente con la hipótesis. "El juez Pizzo nos había invitado previamente a que presentáramos una orden de protección, lo cual hicimos. En respuesta, él ahora ha dejado claro que quiere que procedamos con las divulgaciones públicas, orden que nosotros, obviamente, cumplimos plenamente", dijo Melinda MacConnel, abogada de Odyssey.

El magistrado había dado un plazo de treinta días a la firma para que identificara al Cisne negro y, en el caso de que no pudiera decir el nombre seguro de algún buque, debería exponer las hipótesis más probables, una decisión que el Estado español calificó de "especialmente satisfactoria".

El Gobierno español mostró su satisfacción por la decisión del juez Pizzo del Tribunal de Tampa al considerar que la petición de confidencialidad es "deshonesta y carente de fundamento", por lo que la información que la empresa ha facilitado sobre la identidad del pecio se podrá dar a conocer. En esta línea James Goold, el abogado que representa al Estado español mostró su escepticismo sobre la "absurda" información presentada al juez por Odyssey sobre la identidad del barco naufragado. "La respuesta que proporcionó al tribunal incluye la absurda declaración de que las 17 toneladas de monedas de plata y cientos de artefactos pudieron haber sido arrojados por la borda de un misterioso buque", agregó el letrado.