la tribuna

Gonzalo Guijarro

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa

SEGÚN el consejero de Educación, las pruebas de diagnóstico realizadas en los cuatro últimos cursos permiten detectar qué centros y profesores llevan a cabo excelentes prácticas educativas y cuáles no. Por supuesto, aquellos profesores cuyos alumnos obtienen peores resultados deberán rendir cuentas ante la administración.

Es decir, que esas dichosas pruebas, que según nos habían dicho estaban diseñadas para medir el nivel de los alumnos ahora resulta que también permiten medir el de sus profesores.

Por cierto, que los profesores nos preguntamos si los que diseñaron las pruebas nos ocultaron hasta ahora intencionadamente esa segunda finalidad o si es que de repente se les ha ocurrido que les vendría bien como pretexto para echarnos una vez más la culpa del desastre educativo.

Recordemos algunas de las particularidades de esas pruebas de diagnóstico. En las dos primeras ediciones, contenían errores tan de bulto como incluir buen número de preguntas con más de un 66% de posibilidades de ser respondidas correctamente contestando al azar, lo que da idea de que sus autores o bien no tienen ni idea de lo que se traen entre manos o bien intentan aparentar que los alumnos tienen un nivel de conocimientos superior al real, para mayor gloria de los políticos que se las han encargado y engaño de los contribuyentes que las sufragan con sus impuestos. En todas sus ediciones, las preguntas han sido de un nivel escandalosamente bajo para el curso en que se realizan y, sobre todo, han permitido por sistema que los alumnos no redacten más allá de dos o tres líneas, lo que pone de manifiesto el temor de sus autores a que puedan notarse las elementales deficiencias de comprensión lectora y de capacidad de expresión producidas por la pedagogía supuestamente progresista. En todas sus ediciones, los criterios de corrección impuestos por los autores de las pruebas han tenido un claro sesgo en el sentido de inflar las puntuaciones obtenidas por los alumnos. En todas las ediciones, los resultados de las pruebas han sido sometidos a un misterioso tratamiento informático secreto, que hace más que dudosas las conclusiones finalmente presentadas por sus autores.

Pero, por si todo esto fuera poco, resulta que en la última edición, muchos alumnos, sabedores de las nulas consecuencias que para su expediente académico tienen las dichosas pruebas, las dejaban sencillamente en blanco. Y ahora, el señor consejero de Educación pretende responsabilizar de ello a sus profesores.

Otra pregunta es a qué profesores se pretende echar la culpa. ¿A los que les daban clase el año que se realizaron las pruebas? No tendría sentido, porque absurdamente en las tres primeras ediciones las pruebas se realizaron a principio de curso. ¿A los del curso anterior? ¿A los de todos los cursos anteriores? ¿Tendrán en cuenta que algunos alumnos pueden proceder de otros centros? ¿Y que algunos de los profesores que les hayan dado clase en cursos anteriores pueden haber cambiado de centro? ¿Se les habrá olvidado que según las características del grupo un mismo profesor obtiene diferentes resultados?

En suma, que ahora el señor consejero de Educación se saque de la manga que las bochornosas pruebas de diagnóstico sirven para medir el nivel de los docentes es sencillamente delirante. Pero la cosa es desviar la atención de los pésimos resultados objetivos de la enseñanza en Andalucía, que no cesan de empeorar desde que entró en vigor la LOGSE, hace ya casi 20 años. En opinión del firmante, si para algo sirven esas dichosas pruebas es para medir el bajísimo nivel profesional de sus autores, así como su clara tendencia a satisfacer no las necesidades de la sociedad, sino las de los políticos que llevan ya muchos años demoliendo la enseñanza en Andalucía.

Por cierto, que nada sabemos de los méritos que han llevado a los integrantes de la Agencia de Evaluación Educativa Andaluza a los cargos que ocupan. ¿Han accedido a esos cargos por concurso público o han sido designados digitalmente? ¿Se cuentan entre los miles de enchufados que se pretende perpetuar con el decretazo? No estaría de más que el señor consejero hiciera públicos esos pequeños detalles, porque los profesores sí que lo somos por oposición y no gracias a los favores del político de turno. Eso nos confiere independencia y capacidad de evaluación objetiva de nuestros alumnos conforme a la ley, y no conforme a los intereses personales de nadie. Si lo que se pretende es evaluar precisamente eso, y no presionar para el sumiso acatamiento acrítico de cualquier arbitrariedad por parte de los profesores, es fundamental acreditar que los encargados de la evaluación han demostrado en concurso público sus capacidades y, gracias a ello, son independientes del poder político. No acreditarlo públicamente podría hacer sospechar que se trata de una cacicada.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios