Ayudas tras las inundaciones

EL Consejo de Ministros acordó ayer facultar al Ministerio del Interior a que proceda, en colaboración con las administraciones autonómica y locales y el Consorcio de Compensación de Seguros, con la máxima urgencia posible a valorar los daños ocasionados durante el mes de febrero en Andalucía por las intensas lluvias que han causado importantes inundaciones y a tramitar los procedimientos administrativos de pago de esos daños. El Ejecutivo ha dispuesto también que las ayudas se dupliquen mediante la aplicación a Andalucía de la Ley de Medidas Urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas, recientemente aprobada. La aplicación de esta Ley permitirá la cobertura de otros daños no previstos por el real decreto de 2005 que regula este tipo de subvenciones, como los sufridos en la agricultura y los caminos rurales, ya que en este caso han sido muy importantes. El acuerdo del Consejo de Ministros cita los casos concretos de la provincia de Cádiz, por el desbordamiento del río Guadalete, así como las crecidas del Guadalquivir, que han puesto en riesgo a diversos municipios ribereños de las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, y del Guadalhorce, que ha dejado incomunicados algunos municipios de la provincia de Málaga. El Gobierno da así respuesta a las reclamaciones de ayudas que se han hecho desde Andalucía y que expresó con nitidez el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al visitar la situación de los damnificados en Arcos de la Frontera, en Cádiz, el pasado jueves. Nos parece adecuado que las administraciones reaccionen ante los problemas causados por un invierno extremadamente lluvioso y presten auxilio a las personas que han visto destruidos sus bienes y enseres por efecto de las riadas. En cualquier caso, queremos poner el acento en la dificultad para arbitrar ayudas en los casos de viviendas construidas de manera ilegal en zonas inundables. Y también en que, tras la asistencia a las familias afectadas, las administraciones afronten la existencia de hasta 115 puntos negros en Andalucía en los que se producen inundaciones y sobre los que es necesario actuar para evitar su reiteración en el futuro.

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