Editorial

Camino de la secesión

LAS dos formaciones políticas catalanas partidarias de la independencia, CDC y ERC, han alcanzado finalmente un pacto para acudir a las elecciones autonómicas del 27 de septiembre en una candidatura conjunta que, no obstante, reserva los tres primeros puestos de la lista de Barcelona a representantes de la "sociedad civil" plenamente identificados con el proceso soberanista y generosamente subvencionada por la Generalitat durante los últimos años de efervescencia secesionista. El presidente de Cataluña, Artur Mas, ha impuesto a su socio de ERC, Oriol Junqueras, su criterio de que ambos partidos, y ellos mismos personalmente, se integrasen en la candidatura junto a los personajes independientes que han apostado por el llamado derecho a decidir en abierto desafío a la legalidad constitucional. El programa que sustenta el pacto es simple: obtener la mayoría absoluta en los comicios del 27-S y formar un gobierno de coalición que en un plazo de entre seis y ocho meses proclame la independencia de Cataluña y dé los pasos necesarios para imponer la "desconexión" de España. El contexto en el que se produce este acuerdo viene marcado por los retrocesos electorales de Mas, el abandono de las posiciones soberanistas por parte de PSC e IU, la liquidación de la alianza entre el partido fundado por Jordi Pujol y los democristianos de Duran Lleida, el fiasco del referéndum-trampa organizado por Mas el otoño pasado y las grietas registradas en el bloque de ciudadanos que hasta ahora se decantaban por la independencia, constatadas por las encuestas de la propia Generalitat. Así pues, a las dificultades crecientes que sufre su proyecto político responde Mas con una vuelta de tuerca más en el proceso en que se embarcó obviando el tradicional pragmatismo de los nacionalistas catalanes y los planteamientos de importantes sectores económicos y sociales de Cataluña, el rechazo de los partidos políticos mayoritarios del Estado español y la animadversión de la Unión Europea. Es una vuelta de tuerca que, lejos de reconducir el proceso, lo acerca al abismo. Con la decisión de convocar las elecciones convirtiéndolas en un plebiscito sobre la independencia y con el pacto recién suscrito entre Mas y Junqueras, se da un paso decisivo y literalmente asumido: declarar la independencia de manera unilateral e irreversible y presentarla a España y sus instituciones como un hecho consumado, es decir, inaceptable. Si las urnas les son favorables, Mas y sus compañeros de viaje están decididos a plantear una confrontación abierta con el Estado español, de una dimensión realmente histórica y de imprevisibles consecuencias políticas, sociales, económicas y jurídicas.

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