Cuando escribí sobre el voto particular, me limité a afirmar que la existencia formal de ese voto particular tenía una importancia sustantiva porque avalaba las garantías jurídicas. Estuve a punto de añadir que otro valor suyo consistía en que, por su rigor en la defensa de la presunción de inocencia y del principio In dubio pro reo, funcionaría como chivo expiatorio para la sentencia definitiva, concentrando sobre sí todas las críticas y evitando una lectura más crítica de las razones de los otros dos magistrados.

No lo dije por dos motivos. Porque estoy seguro de que el juez Ricardo González no jugó a las estrategias mediáticas ni se presentó voluntario al linchamiento táctico. Simplemente, juzgó el caso según su leal saber y entender, de acuerdo con la ley vigente. Y tampoco hablé de chivos expiatorios, porque todo el mundo que ha leído a René Girard, el máximo experto en la cuestión, sabe que, en situaciones de grandísima agitación social, nadie conoce de antemano quién va a ser el chivo expiatorio. Es un proceso alocado que sólo termina cuando cae alguien, pero quién sabe quién, y menos en los tiempos actuales, con una cultura que rechaza, realizándolos, los sacrificios, y que ensalza preventivamente a sus víctimas.

Girard es difícil, disculpen; pero qué bien explica lo que ha pasado con Catalá. Como el ministro vio que la crisis social provocada por la sentencia de la Manada tenía toda la pinta de aliviarse con el linchamiento del juez González (sin criticar más la sentencia y sin recordar que son los políticos actuales los que nos han dejado este Código Penal), se lanzó a contribuir. Ha dejado caer intolerables acusaciones al juez y ha invitado al CGPJ a sancionarle. Lo ha hecho, sin embargo, tan extemporáneamente, saltándose todas las separaciones de poder (¡ay, esas indiferenciaciones contra las que tanto advierte Girard!), pasando un kilo de Montesquieu y con tan malas artes, que han saltado las alarmas anti sacrificiales propias de una sociedad moderna y de un Estado de Derecho.

Ahora son las asociaciones de jueces (¡todas!), las de fiscales (¡todas!) y la opinión pública a una las que piden la inmediata dimisión de Catalá, la intervención del CGPJ en defensa del juez y una querella de éste contra el ministro por burdos infundios. Por deméritos propios y por pasarse de listo, la víctima puede ser Catalá. Al menos, y no es poco, no será inocente.