la esquina

José Aguilar

Condenado alcalde

SIN duda para celebrar la ponencia de su próximo congreso que propugna más control a los cargos públicos, el Partido Popular ha evitado pedir la dimisión de su alcalde en Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, que acaba de ser condenado por cohecho, tras declarar probado la Audiencia de Málaga que había exigido 122.000 euros a un promotor local a cambio de una licencia de obra.

El líder del PP andaluz, Javier Arenas, ha reaccionado a la sentencia proponiendo un debate y acuerdo entre todos los partidos sobre el alcance de la presunción de inocencia. ¿Tienen que dimitir los alcaldes, por ejemplo, cuando son imputados, cuando son condenados en primera instancia o cuando hay ya una sentencia firme? Hasta ahora esta duda se viene zanjando con soluciones a la carta: si el alcalde pertenece al partido A, el partido B reclama que deje el puesto con una simple imputación, mientras que si el edil es de los suyos demanda una condena firme y, mientras llega, le sigue presumiendo inocente. Ni que decir tiene que el partido A actúa exactamente igual, pero al revés, ya me entienden.

Arenas piensa que el debate puede solventarse de dos maneras. O con acuerdos políticos o con cambios legales. Desde ya le digo que con acuerdos políticos no se llega a ninguna parte, porque el sectarismo y el ansia de poder garantizan que cada partido actuará como hasta ahora, aplicando la ley del embudo. Me remito al Pacto Antitransfuguismo, solemnemente suscrito por todos y vulnerado con reiteración por puro interés partidista. Puesto que estos pactos están llamados al fracaso y puesto que con los códigos éticos internos pasa tres cuartos de lo mismo, no queda más remedio que aprobar una ley que dicte claramente en qué momento procesal un implicado en corrupción debe dimitir. Pero nunca se ha podido negociar en serio y acordar esta reforma jurídica. ¿Por qué será..?

Ciertamente el caso del alcalde Martín Serón -que fue detenido con innecesario estrépito, tras asistir a un mitin de Mariano Rajoy- ha quedado en poco a pesar del ruido con que estalló y se instruyó. La Fiscalía tuvo que retirar los cargos contra casi todos los imputados, no pudo demostrar que existiera una trama corrupta y al final hubo de limitar su acción a un solo cohecho del alcalde y su concejal de Urbanismo. Pero debía ser suficiente la condena de la Audiencia para que Martín Serón abandonara la Alcaldía y dejara de escudarse en su honor y en el honor del pueblo (¡qué tendrá que ver!) para seguir de alcalde. Hasta ha dicho que irse sería de cobardes.

Solamente ha admitido una posibilidad de dimitir: si se lo pidiera la jerarquía del PP, uno solo de sus concejales o "una buena persona de Alhaurín el Grande". Están advertidos los alharuinos: si alguno pide que se vaya el alcalde, es que es una mala persona.

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