LA única frontera terrestre que existe en Andalucía, la Verja de Gibraltar, separa la colonia bajo soberanía británica del resto del territorio español y en ella se establecen controles fiscales, en la Aduana de La Línea de la Concepción, al no ser el Peñón parte de la zona Schengen de la Unión Europea. España tiene la obligación legal de establecer estos controles y en los últimos meses los ha intensificado ante un desmesurado incremento del contrabando de mercancías, singularmente tabaco. El Gobierno de Mariano Rajoy decidió acabar con la política de flexibilidad con Gibraltar por el daño económico que su sistema fiscal causa a toda la Unión y frente a la política llanita de hechos consumados contra intereses españoles. La intensificación de los controles provocó la protesta británica a Bruselas, instigada desde Gibraltar, acostumbrado como está su Gobierno a reivindicar derechos y olvidar obligaciones. Fruto de esta queja, el pasado 25 de septiembre, la Comisión Europea envió a la Verja a un grupo de inspectores para conocer sobre el terreno la frontera, presenciar los controles y recibir información de ambos lados. El pasado viernes, la Comisión escribió a los dos países miembros para informar del resultado de la inspección. Como era de esperar, los enviados de Bruselas no hallaron prueba alguna de que se esté infringiendo normas comunitarias al controlar el paso de personas y mercancías por la Aduana linense. No puede ser de otra forma: los controles son necesarios, imprescindibles para proteger los intereses de la Unión en la zona de libre tránsito de mercancías. La Comisión hizo algunas recomendaciones a ambos países. A España le sugiere que aumente los carriles disponibles para mejorar la fluidez del paso fronterizo y optimice el modelo para lograr controles más selectivos. Al Reino Unido, que mejore la legislación contra el fenómeno del contrabando. La carta de la Comisión es todo un espaldarazo para la política española. Pese a ello, Gibraltar, su ministro principal, Fabian Picardo, trató de presentarlo como lo que no es y dijo en falso que atendía a sus peticiones. Especialmente llamativo es que un gobernante con formación en leyes dijese: "La Comisión no ha dicho que España no vulnera la legislación. Ha dicho que no ha encontrado evidencias de que se vulnera". Toda una contradicción, pues la carga de la prueba recae sobre quien acusa. Picardo tiene un grave problema. Gibraltar -su economía- se resiente por los controles y las colas, como ha reconocido la Cámara de Comercio local, porque se vende mucho menos. Su política populista de atacar a España se le está volviendo en contra. Y aún queda que Europa analice las quejas españolas sobre daños al medio ambiente.