EL mismo día en que Javier Arenas presentó el "decálogo de regeneración democrática", con la pretensión de devolver la honestidad a la vida política andaluza, su partido aprobó en Valencia una lista electoral donde figuran once candidatos que han sido imputados, implicados o acusados de corrupción. Los diez mandamientos de Arenas han sido concebidos exclusivamente para Andalucía, es decir, para los ERE, los hijos de Chaves, las ayudas de la UE y cualquier manejo de la izquierda que permita una lectura desleal, pero no sirven para otras redes. Esta ventaja suplementaria del Estado de las autonomías (la de compartimentar el concepto de decencia en universos paralelos y estancos) implica una gran novedad, pues permite que en Valencia los imputados puedan formar una lista electoral que parece una cuerda de galeotes mientras que en Andalucía, la misma marca ideológica, pueda pontificar sobre cuáles son las normas para garantizar la honradez... del contrario. El decálogo de Arenas es un traje a medida para vestir los intereses políticos inmediatos. Otro provecho adicional de la división autonómica de la basura es la odorífera. La división impide que el hedor de la corrupción escape no ya a otro autonomía sino que se esparza entre los propios simpatizantes, les provoque náuseas y vértigos y los incapacite para votar a los suyos.