EL caso es que nadie se quede fuera del goloso circuito del poder. Que a aquellos aspirantes a concejales a los que los vecinos cierren las puertas se les abra la ventana de oportunidad de un puesto municipal remunerado. Que si falla la vía electoral funcione la vía digital. Que donde no llegue el voto ciudadano llegue el largo dedo de la Alcaldía.

La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, es vieja conocida de los lectores de periódicos. Está imputada por presuntos delitos contra la Administración Pública porque en su anterior mandato había llevado al tope máximo una querencia enraizada entre los regidores municipales de contratar a familiares y compañeros de partido (IU, en su caso) en los respectivos ayuntamientos. Si una no mira por los suyos, ¿para qué es alcaldesa?, se dirá la mujer.

Después de las elecciones de mayo último, la alcaldesa siguió en su puesto al lograr 8 de los 17 escaños en liza y sumar el apoyo de una agrupación socialista local cuyo líder había sido expulsado del PSOE. De los otros nueve candidatos de la coalición que se quedaron fuera, ocho han sido recuperados por Antonia Muñoz como jefes de servicio del Consistorio. Su hermana se encarga del área de Extranjeros, y su nuera, de Promoción y Protocolo. El número de cargos de confianza ha pasado de catorce a veinte. Hay que comprender el incremento: la mentada agrupación socialista local fue la que en la legislatura anterior denunció a la alcaldesa por sus contrataciones irregulares. Ahora forma parte de la coalición gobernante, ha retirado la querella y ha logrado que cinco de sus candidatos sin acta estén contratados como cargos de confianza. Por eso antes llevaron a la alcaldesa a los tribunales y ahora serían capaces de llevarla a los altares.

Esta concepción patrimonialista del poder no es bien vista, claro está, por el comité de empresa del Ayuntamiento, para el que muchos de estos cargos de confianza realizan en realidad tareas que corresponden al personal laboral del Consistorio. Sospechan, los malpensados, que la intención de la regidora es hacer fijos indefinidos a gentes que por ley tendrían que cesar cuando lo haga ella. También sospechan, y así está denunciado en el juzgado correspondiente, de las abultadas facturas abonadas por el municipio a empresas que son propiedad de la propia alcaldesa o de su esposo.

En verdad llama la atención que un pueblo de 14.000 habitantes necesite de tanto asesor municipal como si se tratara de una gran ciudad de gobernación compleja y enrevesada. Y es que hay alcaldes que, en llegando al poder, lo primero que hacen es repartirse el botín con los allegados y engrosar las plantillas municipales. Ya se encargarán los que vengan después de la regulación de empleo.