SI la democracia española fuera más sólida los debates electorales formarían parte de los hábitos indiscutidos. Ahora ocurre lo contrario: cada vez que se convocan unas elecciones las fuerzas políticas se enzarzan en discusiones agotadoras acerca de las modalidades de los debates, quiénes deben protagonizarlos, sus formatos y horarios, entre otras cuestiones, siempre enfocadas desde el sectarismo. En las elecciones autonómicas de 2012 el candidato del PP rechazó, creyéndose ganador, enfrentarse al candidato socialista, y la prepotencia no le ayudó precisamente en las urnas. Ahora es la candidata socialista, que presume ir en cabeza, la que no quiere debatir con su adversario popular. En esta tesitura Canal Sur ha optado por ofrecer un debate entre los candidatos de los tres partidos parlamentarios (PP, PSOE e IU) y otro en el que estén también las formaciones más representativas de entre las que no tienen diputados actualmente. Es discutible que la RTVA no se ofrezca a organizar el debate más significativo políticamente de esta campaña: el de Susana Díaz frente a Juan Manuel Moreno, basándose en un criterio de representación parlamentaria que debe ser complementado con otros más profesionales e informativos. Pero esta ausencia tiene remedio. Otros medios de comunicación, públicos y privados, tienen en sus manos la posibilidad de organizar este cara a cara que, en definitiva, confrontaría las dos concepciones sobre Andalucía que se disputarán el voto de los ciudadanos el 22-M. Las restantes organizaciones y los otros candidatos tienen mucho que decir y deben ser atendidos en aras del pluralismo y por respeto a los derechos de los andaluces a recibir información y contraste para la conformación de su voluntad soberana. No obstante, sería indiscutible la oportunidad y conveniencia de que los aspirantes a regir los destinos de Andalucía en nombre del PSOE y del PP puedan debatir cara a cara y sin restricciones.

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