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Rafael Padilla

Economía sumergida

SIN llegar, como Abadía, a considerar recomendable la economía sumergida, sí entiendo que supone un fenómeno muy complejo en sus causas y en sus consecuencias y frente al que no caben, al menos ahora, posiciones meramente reprobadoras. Nos guste o no, es evidente que el trabajo en negro es el que está permitiendo sobrevivir hoy a cientos de miles de españoles. Además, sin tener en cuenta ese factor, esa zona oscura y difusa de la actividad, resultaría muy difícil de explicar que nuestro insoportable nivel de desempleo aún no haya desembocado en un estallido social. Por eso, porque se trata de una realidad que garantiza una cierta paz en momentos críticos y porque procura alguna esperanza a quienes no la tienen, no debe ser enjuiciada con tanta correctísima intransigencia.

Sobre todo por simplistas, me molestan las repetidas denuncias que se complacen en afear la "ilegalidad" de cuantos, en este país nuestro, "van tirando" con sus chapuzas y sus trapicheos. Me sé de memoria los argumentos y la impoluta teoría; pero, junto al reproche, echo de menos la exposición de una alternativa limpia, sensata y viable. Es desde luego hipócrita criminalizar al prójimo que malvive sin ofrecerle salidas factibles de la miseria.

Dicen los expertos que las tasas de economía sumergida se disparan en época de crisis. Hablamos principalmente, pues, no de estafadores sin escrúpulos, sino de colectivos que, a menudo, se ven arrastrados al tristísimo abrigo de las sombras. Su situación revela, para mí, un gigantesco fracaso económico, político, social, humano y ético del que en absoluto ellos son los únicos responsables. Pudimos adoptar, y no lo hicimos, las medidas necesarias para evitar la aparición del problema. Podemos remover, y no lo hacemos, los obstáculos normativos que configuran un mercado de trabajo ineficiente, con elevadísimos costes del empleo, un diabólico entramado de tipos contractuales y sorprendentes barreras (el salario mínimo interprofesional, por ejemplo) que sellan la entrada a los demandantes menos cualificados. Debemos atender, y seguimos olvidándolo, a la equidad de un sistema tributario que, por desgracia, todavía hace descansar la sostenibilidad pública sobre las espaldas de los trabajadores. Demasiados errores y demasiada incompetencia como para reducir el diagnóstico a la pillería denostada de los que, al cabo, se buscan la vida donde pueden.

Claro que hay que empeñarse en aflorar lo escondido. Es obvio que hemos de revertir una dinámica en la que pierden los contribuyentes, se resiente la competencia e impera una desoladora falta de principios. Pero hágase con precisión, talento y justicia. Porque esta España nuestra no se ha llenado de sinvergüenzas de repente. Ése es un análisis tan fácil como falso. El peor modo, además, de empezar a recobrar una normalidad que, con políticos y legisladores a la cabeza, entre todos destruimos.

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