LA Comisión Antiviolencia, integrada por representantes del Consejo Superior de Deportes, la Liga de Fútbol Profesional y los cuerpos de Seguridad del Estado, ha propuesto el cierre parcial del estadio Benito Villamarín a causa de los cánticos ofensivos y soeces de un grupo numeroso de ultras del Betis ubicados en la zona de Gol Sur. La Fiscalía ha abierto diligencias de oficio por los mismos hechos, particularmente graves y atentatorios contra la dignidad y la intimidad de la ex novia del jugador bético Rubén Castro, que está acusado de cuatro presuntos delitos de maltrato y uno de amenaza a la joven con la que el futbolista mantuvo una relación sentimental. Los cánticos constituyen una expresión manifiesta e intolerable de violencia y vejación contra una mujer víctima supuestamente de violencia de género que habrán de dilucidar los tribunales en su día. Los vándalos que los profirieron, y no en un solo partido, deben, no obstante, recibir de inmediato el reproche social más nítido y la persecución penal y administrativa correspondiente. Con respecto a esta última, es la primera vez desde la muerte de un seguidor del Deportivo a manos de ultras del Atlético de Madrid, en noviembre pasado, en que las medidas de control auspiciadas por las autoridades deportivas se ponen decididamente en marcha, a pesar de que incidentes de este tipo son reiterados en distintos estadios. Ello ha provocado que la directiva del Betis se queje públicamente de discriminación. No tiene razón, salvo en un aspecto: que el cierre del Gol Sur que se propone perjudica al club y a sus socios -que ocupan muy mayoritariamente ese sector del campo sin causar disturbios ni ofender a nadie- en vez de dirigirse directamente a sancionar a los alborotadores insultantes, que son los que sobran en el fútbol español. Pero también en este sentido conviene subrayar que son los directivos del Betis, y de los demás equipos, los que, salvo excepciones, han permitido por inhibición -en ocasiones, con complicidad pasiva- la presencia de grupos ultras que han convertido el espectáculo deportivo en pretexto para desplegar su incivismo y recrearse en actitudes y palabras agresivas, bochornosas y, en definitiva, violentas. Las directivas han de ser las primeras interesadas en cortar de raíz estos comportamientos y expulsar de los clubes y de los estadios a quienes los protagonizan. Esa gente sobra en el Benito Villamarín y en todos los estadios. Lo que le cabe al Betis es colaborar con las autoridades y establecer por iniciativa propia los controles necesarios para erradicar cualquier forma de violencia que se refugie en la masa de socios y aficionados pacíficos, que son, claramente, la inmensa mayoría.

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