LA semana pasada se dio a conocer que la Policía Nacional había liberado a un joven discapacitado rumano que estaba siendo explotado laboralmente por unos compatriotas suyos. Lo de "explotado laboralmente" es un eufemismo. En realidad, el muchacho era un esclavo en el siglo XXI: traído con engaño de su país, lo tenían secuestrado, le obligaban a trabajar para ellos, le daban pan y agua una vez al día y lo alojaban en una cuadra. Ocurría en Olivares, a un tiro de piedra de la capital de Andalucía.

Lo que parecía a simple vista un terrible episodio aislado vinculado a las mafias de inmigración irregular adquirió una dimensión más grave y dramática cuando el secretario general de CCOO, Francisco Carbonero, denunció que en nuestro campo se están sucediendo casos de práctica esclavitud y señaló tres puntos negros en la geografía andaluza: Huelva, Almería y la comarca sevillana de la Vega del Guadalquivir.

La negrura de la situación expuesta por Carbonero se resume así: empresarios agrícolas sin escrúpulos mantienen trabajando para ellos a familias enteras a cambio de proporcionarles viviendas miserables en el cortijo. A veces con salarios de hambre, a veces directamente sin salarios. Siempre sin atenerse a lo previsto en los convenios del campo. Por su parte, la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía ha llevado a la Fiscalía de Córdoba tres denuncias concretas sobre explotaciones de cítricos y cebollas en las que se hacen jornadas de once horas diarias retribuidas a 28 euros, hay extranjeros sin dar de alta, se abonan sueldos de menos de la mitad del estipulado en convenio o se paga a través de los manijeros de cuadrilla (como hace un siglo).

Toda esta sobreexplotación se puede producir debido a la dersregulación laboral acometida con auténtico fervor por el Gobierno de la nación y debido también a la precariedad causada por la crisis y el paro, que dificulta extraordinariamente la capacidad de negociación de los jornaleros. Qué digo la capacidad de negociación: lo que se dificulta es la simple posibilidad de que los trabajadores se quejen y denuncien. Hay muchos otros dispuestos a someterse a las condiciones que sus compañeros se atrevan a rechazar (como hace un siglo, también).

Se viene registrando una regresión parcial en las relaciones laborales del campo andaluz. Una marcha atrás en derechos que creíamos garantizados. El trabajo de Fiscalías e Inspección de Trabajo es insuficiente.