La esquina

José Aguilar

Esfuerzos patéticos (e inútiles)

LA pólvora está mojada. El contraataque que ha diseñado el PSOE andaluz para extender la sospecha de implicación del PP en el escándalo de los ERE tiene la munición averiada. Si todo lo que guardan es del mismo calibre que lo propagado hasta ahora, apañados van los socialistas.

A ver. Intentaron implicar en la trama al suegro de Javier Arenas, Manuel Olivencia, y más pronto quedó de manifiesto que el prestigioso abogado mercantilista se había limitado a asesorar a Santana sobre la externalización de parte de sus actividades, cobrando de la Junta, naturalmente, pero sin nada que ver con los fraudulentos expedientes de regulación de empleo. Pincharon en hueso.

Segundo asalto: difundieron que la número 22 de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Córdoba, Cristina Ruiz, gestionó, cuando era gerente de una fundación que trabaja en favor de los discapacitados, expedientes de regulación de empleo en dos empresas vinculadas a dicho organismo en los que la Consejería de Empleo ha detectado ocho falsas prejubilaciones. La conclusión a la que se quería conducir a la opinión pública es que también los populares han estado implicados en la red de corrupción.

El argumento presenta más agujeros que un queso de Gruyère. Por una parte, la citada Ruiz no era militante del PP cuando se cometieron las irregularidades ahora denunciadas. Ni siquiera lo es ahora, ya que figuraba en la lista cordobesa de dicho partido como independiente (además, en un puesto en que sólo de milagro puede ser elegida concejal).  Por otra, se ha apresurado a presentar su renuncia, de modo que ya no tiene relación con el PP. Ítem más, ella asegura que en la tramitación de los dos ERE su fundación se atuvo estrictamente a la legalidad y las pólizas correspondientes las firmaron sólo los trabajadores afectados, sin que jamás intervinieran personas ajenas a las dos empresas. Si hubo intrusos se introducirían en un trámite posterior, viene a decir.

Pero hay una cuestión previa aún más esclarecedora. Vamos a suponer, aunque sea mentira, que Cristina Ruiz es miembro destacado del PP, con lugar preferente en su candidatura cordobesa, e incluso que falseó dos ERE para beneficiar a ocho de sus familiares, amigos y compañeros de partido. Vale. ¿Libraría eso a los socialistas de su responsabilidad en el caso ERE? ¿Exculparía al director general de la Junta que durante diez años organizó una red clientelar que proporcionó a decenas de socialistas, familiares y amigos paguitas a las  que no tenían derecho? ¿Limpiaría, políticamente hablando, a los consejeros que no hicieron nada por impedirlo y al Gobierno andaluz que desoyó las advertencias de la Intervención General?

Los esfuerzos socialistas empiezan a parecer patéticos. E inútiles.

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