Editorial

Ex presidentes ante el Supremo

EL magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, al que el Alto Tribunal ha encomendado la parte del caso de los ERE fraudulentos que afecta a personas aforadas por su condición de diputados o senadores, ha citado para abril a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los ex consejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno, que habrán de comparecer como imputados en la causa. Lo que se investiga es la actuación de Griñán y Chaves en la gestión de las ayudas de la Junta a empresas en crisis y trabajadores despedidos o prejubilados en el periodo comprendido entre 2000 y 2012 que dio origen al fraude a las arcas públicas en cantidades millonarias en el que se encuentran imputadas 266 personas. La comparecencia de los dos ex mandatarios se produce después de que ambos expresaran su voluntad de acudir voluntariamente al Supremo y sin que se haya dictado ningún auto de imputación formal de delitos en su contra. Precisamente lo que el magistrado Barreiro tendrá que decidir, tras recibir sus testimonios, estudiar el sumario remitido por la instructora Mercedes Alaya y practicar las diligencias que estime necesarias, es si se archiva la causa en lo que se refiere a los ex presidentes y ex consejeros o si, por el contrario, se encuentran suficientes indicios delictivos y, en consecuencia, continúa adelante el procedimiento, se dicta auto de imputación formal y, finalmente, se decreta la apertura de juicio oral contra ellos. No se trata, pues, de dilucidar la responsabilidad política en el escándalo de corrupción más importante de la autonomía andaluza, sino de establecer si los máximos representantes del poder político e institucional de Andalucía tienen responsabilidad penal en la creación y puesta en práctica de un sistema de ayudas que permitió defraudar a las arcas públicas. Pero la disyuntiva es prematura. La situación judicial de José Antonio Griñán y Manuel Chaves es la misma que anteayer: declararán como imputados, pero no están formalmente acusados de ningún delito. Eso quiere decir que no existen motivos para que renuncien a sus escaños en el Senado y el Congreso, respectivamente, y el correspondiente aforamiento, puesto que no han sido imputados por el Tribunal Supremo ni, mucho menos, llamados al banquillo de los acusados. Políticamente, en cambio, está claro que la citación de ambos responsables, que han gobernado Andalucía durante veintitrés años, inmediatamente después de las elecciones autonómicas y en vísperas de las municipales, supone un serio revés para el Partido Socialista que igualmente dirigieron. Los socialistas andaluces tienen motivos para estar preocupados.

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