RAJOY parece el presidente del Gobierno menos carismático de la democracia española, en dura competencia con Calvo Sotelo. Con dos diferencias a su favor: ha ganado las elecciones y su antecesor no se presentó, y tiene una cómoda mayoría absoluta de la que carecía la UCD del año 81. El discreto encanto del personaje y su condición de gallego imperturbable, no hacen al presidente anodino. No hay que confundirse.

No lleva dos meses en el cargo y ya hay sobre la mesa un ajuste presupuestario de 15.000 millones, la reforma del Bachillerato y la Secundaria, un cambio en la ley del aborto, el copago judicial si se recurre una sentencia, una ley de costas más permisiva, la sustitución de la Educación para la Ciudadanía, un aumento del IRPF para los que ya pagan, una reforma del mercado de trabajo agresiva, el despido más barato, un incremento de provisiones bancarias que retirará de la circulación 50.000 millones, la rebaja de subvenciones a partidos y sindicatos, la cancelación de las primas a las energías renovables, un cambio en la designación de miembros del Poder Judicial y en el estatus de los magistrados del Constitucional, la reforma de la ley del Menor… Leído de corrido, marea.

¿Para qué? Depende. Las medidas políticas buscan "poner las cosas en su sitio", que es lo que hace media España cuando llega al Gobierno, cualquiera que sea esa mediaespaña, de izquierdas o de derechas. Por otro lado, las propuestas económicas persiguen corregir el déficit, según un patrón fatídico: más ajuste, menos actividad, menos impuestos, más déficit, más ajustes, menos actividad… Es evidente que falta algo: las medidas para el crecimiento, de las que no hay noticia, ni en el ámbito nacional ni en el europeo.

Pero faltan más cosas. Andrei Shleifer, catedrático de Economía en Harvard, señala que los países escandinavos apenas tienen regulado su mercado de trabajo, pero protegen muchísimo a sus ciudadanos. Habría que recaudar más impuestos, poner a pagar a los evasores y pedirle mucho más a las rentas del capital. La reforma penal debería aumentar el periodo de prescripción de los delitos fiscales y endurecer las penas. Así se rompería el círculo vicioso de arreglar el déficit sólo a base de recortes, que producen recesión.