Editorial

Fiesta Nacional

PODÍAN elegir otro día, ha dicho el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, a propósito de los abucheos, silbidos y gritos que un nutrido grupo de asistentes al desfile militar celebrado ayer en Madrid con motivo del Día de la Fiesta Nacional profirió contra el presidente del Gobierno. No podemos estar más de acuerdo con el edil madrileño. Ya se está convirtiendo en un ritual que determinados ciudadanos, generalmente ideologizados al extremo, aprovechen el Día de la Fiesta Nacional para increpar a Rodríguez Zapatero en presencia de la Familia Real en pleno y otras altas magistraturas del Estado y en ocasión tan solemne como el desfile de las Fuerzas Armadas de España. La novedad este año ha sido la mayor intensidad del griterío y su prolongación durante varios momentos del acto. Aquí no estamos ante un asunto de libertad de expresión, sino de simple educación y respeto. La libertad de expresión está plenamente garantizada por la Constitución y las leyes, y los ciudadanos tienen numerosas formas y momentos para mostrar su discrepancia, aun radical, con sus gobernantes y exigirles que dimitan si entienden que su gestión es negativa. Lo que no tiene nadie es derecho al insulto ni es admisible estropear un acto de Estado -no de Gobierno- con expresiones insultantes y vociferantes amparándose en el anonimato y en la impunidad de quien sabe que no va a pasarle nada. Por lo demás, el desfile del Día de la Fiesta Nacional constituyó un éxito de público (también es tradición que los efectivos de la Legión y la Guardia Civil sean los más ovacionados) y de organización, y sirvió en esta edición para conmemorar el vigésimo aniversario del inicio de la participación española en misiones internacionales, signo inequívoco de los compromisos de la nación con el orden internacional encarnado en la ONU, la UE y la Alianza Atlántica y basado en la lucha por la paz y la cooperación. Es de destacar, asimismo, que fue la primera vez que al desfile asistía una representación oficial del País Vasco, integrada por la presidenta del Parlamento y el consejero de Interior, quien definió su presencia como un acto de normalidad democrática y de solidaridad con las Fuerzas Armadas, específicamente por su papel en la lucha contra el terrorismo.

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