Es necesario comenzar con una obviedad: todos los artículos de la Constitución son legales y su aplicación es legítima. Eso le ocurre por supuesto al 155 sobre posibles actuaciones del Gobierno central ante comunidades autónomas, lo mismo que a los preceptos que hablan de estado de excepción o alarma. Todos son perfectamente legales. Pero la discusión no es sobre la corrección jurídica de su aplicación, sino la conveniencia política de hacerlo. Esos artículos están ahí como salvaguarda excepcional y extraordinaria y para cuando la situación no pueda ser reconducida por caminos menos traumáticos. Y la duda surge cuando existe la sensación de que no todos los medios de negociación y diálogo han sido agotados en la cuestión catalana. Hablar de la aplicación del artículo 155 es, en el fondo, dar por buena y acertada la política de marmoreo inmovilismo que el gobierno Rajoy ha practicado en estos años y admitir que sólo el atrincheramiento en la legalidad vigente es el único tratamiento posible.

La aplicación de la limitación de la capacidad de autogobierno de la Generalitat no deja de ser el reconocimiento de un fracaso y la renuncia anticipada a la utilización de otras fórmulas más complejas sobre reformas legales, acuerdos de modificaciones constitucionales y propuestas de nuevos sistemas de financiación que todavía ni tan siquiera se han ensayado. Hay que ser conscientes que existen muchos ciudadanos catalanes que esperan una solución pacífica y pactada del contencioso en el que se respeten e incluso se amplíen su capacidad de autogobierno sin tener que enfrentarse al resto de España. Y a este sector de la ciudadanía, que busca racionalidad y acuerdo en este conflicto, una acción tan drástica e invasiva como la prevista en el mencionado precepto le dificultaría seriamente el mantener una posición serena.

No se trata de aferrarse a un planteamiento utópico y poco realista, sino de buscar fórmulas de entendimiento todavía no ensayadas. No se puede hablar de que el diálogo ha fracasado cuando no se ha intentado realmente, ni se puede hablar de que no son eficaces las reformas legales cuando no se han planteado. Da la impresión que en el camino del entendimiento y en la búsqueda del apoyo de una mayoría de la sociedad catalana estamos solo al principio de una larga y compleja carrera. Barajar ya la medida legal más extrema cuando hay otras intermedias posibles no solo es empezar la casa por el tejado, sino hacer un gran favor a los dirigentes de la CUP, Esquerra y demás comparsa soberanista. Lo están esperando.