LOS recientes cambios de gobierno en España y Gibraltar, emanados de las urnas, han provocado los primeros movimientos respecto al contencioso del Peñón desde que Miguel Ángel Moratinos abandonó el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, puesto que su sucesora, Trinidad Jiménez, dejó prácticamente congelada la apuesta de aquél por el Foro de Diálogo, de carácter tripartito, puesto en marcha en 2004 por el Ejecutivo socialista. A un lado y al otro de la Verja, los ciudadanos han decidido alternancia y, sin embargo, el giro inesperado ha llegado desde el Gobierno del Reino Unido. La aceptación por parte del primer ministro británico, David Cameron, del derecho a la autodeterminación de la población yanita no sólo es sorpresiva sino contraria al Tratado de Utrecht, por el que se cedió la Roca en 1713 garantizándose el derecho de retrocesión. España, acertadamente, ha tardado muy poco en reaccionar: el nuevo canciller español, José Manuel García-Margallo, le ha escrito a su homólogo del Reino Unido, William Hague, para expresar su rechazo a este pretendido derecho, ya que además de Utrecht, sobre este territorio de ultramar pende la resolución de un proceso de descolonización iniciado hace más de cuarenta años por Naciones Unidas. También es positivo que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se haya mostrado dispuesto a tratar el Contencioso en la reunión bilateral que tiene previsto mantener hoy con Cameron. La postura del Ejecutivo de Rajoy es clara desde la campaña electoral y acaba de ser reiterada por su ministro: es posible mantener un diálogo para asuntos de cooperación, pero en él debe haber cuatro voces, sumando al tripartito existente la representación del Campo de Gibraltar y la Junta de Andalucía. Ese marco, empero, es inadecuado para tratar la soberanía del Peñón, que el Gabinete español defiende con tino que debe ser abordado exclusivamente por los dos estados. Lo apoyamos y reiteramos la necesidad de implementar fórmulas que a medio plazo acaben con la extemporánea y única realidad colonial de la UE.