Editorial

El Gobierno y la Iglesia

LA multitudinaria manifestación celebrada el pasado domingo en la ciudad de Madrid, bajo los auspicios de la Conferencia Episcopal, en defensa de la concepción cristiana de la familia ha provocado un enorme revuelo político a dos meses de las elecciones generales. La concentración, que pretendía subrayar el valor de la familia como célula primaria de la sociedad, fue acompañada en algunas de las intervenciones cualificadas que se produjeron en la madrileña plaza de Colón de duras invectivas contra el Gobierno que preside el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al que se acusó de promover iniciativas legislativas que deterioran a la familia tradicional, tales como el matrimonio entre homosexuales y el llamado divorcio-exprés. El secretario de Organización del PSOE, que se declara católico, reaccionó con cajas destempladas, en tanto que la Ejecutiva Federal, unos días después, hizo público un comunicado de protesta más matizado y que se mueve en el terreno de los principios. En este sentido, la dirección socialista ha precisado que la Constitución establece en España un Estado aconfesional, separado de cualquier confesión religiosa, y deposita la soberanía popular en los ciudadanos, que legislan a través de sus representantes legítimamente elegidos. Nada hay que objetar a este recordatorio constitucional, como tampoco cabe hacerlo ante el ejercicio del derecho de manifestación libre que corresponde a todos los españoles, incluidos, como no puede ser de otro modo, los miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica. La legislación que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo en determinados supuestos o la posibilidad de extinguir el matrimonio fueron aprobadas por las Cortes antes de esta legislatura, sin que ningún partido haya propuesto hasta ahora su revocación. No hay razón para que las posiciones de Gobierno y Conferencia Episcopal, siendo discordantes, se enconen hasta el extremo de crispar unas vísperas electorales que necesitamos sosegadas.

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