L A virtud del plan estratégico para la hepatitis C elaborado por un grupo de expertos para el Ministerio de Sanidad es que ha sido elaborado exclusivamente bajo criterios profesionales, por lo que deben ser ahora los gobiernos autonómicos quienes, de acuerdo con la Administración central, deberán aprobarlo y llevarlo a la práctica sin mayores discusiones. Es de esperar que ahora no surjan problemas partidistas entre comunidades y Gobierno, tan habituales, desgraciadamente, en muchos asuntos que afectan directamente a los ciudadanos. Hay que subrayar que el plan entregado a Sanidad va mucho más allá de lo esperado. Ha sido recibido con alegría por los colectivos de enfermos y por los hepatólogos. La propuesta es que no sólo recibirán nuevos tratamientos con antivirales los pacientes graves, sino también los leves, con lo que España se situará al nivel de Suiza en la lucha contra este mal descubierto a finales de los años ochenta. Los expertos recomiendan que se actúe con el tratamiento combinado en los casos de grado 2, los que se consideran con riesgo de cirrosis. Estaría cubierto, por tanto, el espectro que va desde esta fase hasta la precirrótica y la cirrótica. Además, el plan propone realizar un cribado entre la población para encontrar casos silentes de hepatitis C, una contaminación que pasa desapercibida durante los primeros años al ser asintomática. Se calcula que en España puede haber 5.000 personas con el virus que aún no lo saben. El cribado se debe hacer sólo entre la población de riesgo, personas a las que se les ha realizado transfusiones de sangre contaminada cuando el virus no se había detectado o aquéllas que hayan usado jeriguillas sin control. Una vez aprobado el plan, deben ser las comunidades autónomas las que autoricen a los profesionales a recetar a los pacientes los nuevos tratamientos combinados o tratarlos con otras terapias si está en las primeras fases de la infección. Los expertos consideran que no deben pasar más de tres semanas entre la categorización y la prescripción. Comunidades y Gobierno tienen que llegar al acuerdo sobre cómo se financiará este plus del coste farmacéutico de las autonomías, pero debe quedar claro que no habrá diferencias entre territorios ni fórmulas poco realistas. Si el plan se sustancia de un modo adecuado, es posible acabar, incluso, con la enfermedad, ya que los nuevos tratamientos tienen una efectividad del 95% y los modos de infección ya están controlados. La entrada de nuevos medicamentos debe hacer bajar también le precio de los actuales. La combinación de dos de estos productos cuesta en España 43.000 euros para una duración de 12 semanas.