EN Orense se ha retirado el presidente de la Diputación después de un cuarto de siglo en el cargo, para dejar paso a su hijo. Una dinastía. Cuando en enero de 2010 José Luis Baltar dejó la presidencia provincial del PP ya colocó a su vástago al frente de la dirección popular orensana. Lo hizo contra el criterio y las gestiones para impedirlo de Rajoy y Feijóo. Pero en Orense manda Baltar. Tanto, que en aquella la toma de posesión de su hijo, una vez neutralizadas las iniciativas disuasorias de la superioridad, el patriarca señaló a su nieta, para afirmar que sería injusto que no pudiera sucederle a su vez, llegado el momento. En aquellos días de finales del 2009 y principios del 2010 la Diputación orensana, en su infinita bondad, hizo unos 150 contratos a personas que después serían compromisarios o aspirarían a serlo en aquel congreso. Pecata minuta.

Decir que Baltar es el último cacique es probablemente exagerado. Algún otro habrá. Pero él mismo se ha autocalificado de cacique, supongo que porque atribuirá algún noble significado a esa palabra, que el Diccionario de la Real Academia no trata con el mismo aprecio. La RAE lo define como una persona que ejerce un poder abusivo o una excesiva influencia sobre una colectividad. Sea como fuere, tras lograr la hazaña de hacerse suceder en el partido hace dos años, el presidente Baltar ha procedido ahora a dejar los trastos a su hijo Manuel para que continúe su obra ingente en la Diputación orensana. Obviamente, el recién llegado ha hecho apología de la institución, que resulta ser el compendio de todas las virtudes, porque es la más pegada al ciudadano y procura como ninguna otra el equilibrio del territorio. O sea, que ni ayuntamientos, ni comunidades autónomas, la Diputación es el eje de la administración de proximidad. Se le olvidó decir al nuevo presidente que de los 71 millones de presupuesto de su institución 29 se dedican a personal y 12 a inversiones.

En total, las diputaciones españolas cuestan 22.000 millones de euros. Y desgraciadamente, no parece que ante los recortes y ajustes presupuestarios esté en los planes de nadie hacerlas desaparecer. Pero sobran, por la sencilla razón de que sus competencias pueden ya ejercerlas las comunidades autónomas. El único que hasta ahora se ha atrevido a pronunciarse es Rubalcaba, que empezó su campaña electoral proponiendo su desaparición, para más tarde plantear como ahorro quitarle el sueldo a los diputados provinciales, y finalmente en el debate con Rajoy volver a sugerir la eliminación. Estos vaivenes no son doctrina socialista; ni Griñán ni su patrocinada Chacón son partidarios de su desaparición. La candidata, en su discurso del sábado llegó a hacer una defensa cerrada de las diputaciones, que no la mejora cualquiera de los Baltar.

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