Entre Irlanda y las 60 horas

No es de extrañar la respuesta negativa de los ciudadanos irlandeses a proyectos políticos que nacen tan lejos, en la distancia y en los intereses, de los ciudadanos. Los políticos y los funcionarios europeos, que dedican tanto esfuerzo a la construcción y reconstrucción de Europa, lo hacen, a menudo, muy lejos de la realidad, de las necesidades y de los esfuerzos de los ciudadanos a los que representan. Me temo que la propuesta de Directiva sobre las 60 horas semanales, que pronto debatirá el Parlamento Europeo, de nuevo, tampoco contemple los afanes de los ciudadanos europeos y sí el trabajo de los eurofuncionarios por alcanzar acuerdos en las negociaciones de los europolíticos. Y no me sirve el argumento que he leído en algún periódico: "lo que se aprobó en Bruselas es la libertad bajo condiciones de empresarios y trabajadores para pactar una jornada laboral concreta, …". No, señor, lo que se aprobó en Bruselas, entre otras cosas, es, tal y como recoge el documento oficial: "standard máximum limit remains at 48 working hours per week unless an individual worker chooses otherwise (opt-out)". No entro a discutir ni los matices, ni la traducción. ¿Con esta propuesta de Directiva avanza Europa o nos igualamos al sureste asiático? ¿Gana la conciliación vida laboral y vida familiar o gana una economía basada en el individualismo consumista?

Juan Antonio Jurado (Correo electrónico)

Equiparación salarial

Leo con asombro que la Junta de Andalucía ha pactado con varios sindicatos y las patronales de la enseñanza privada la equiparación salarial de unos 16.000 docentes de los centros concertados de Andalucía con los profesores de los centros públicos. La consejera de Educación se jacta de una "conquista histórica" y de que se ha aplicado el principio "a igual trabajo, igual salario". Con todos mis respetos, para mí esto representa el segundo gran despropósito de su mandato, después de la aprobación de 7.000 euros anuales para incentivar el trabajo de los docentes públicos. Para empezar, los docentes de los centros de enseñanza concertados han accedido a sus puestos por la única voluntad del director de turno; en cambio, los de los centros públicos deben superar las preceptivas oposiciones. Además, oposiciones de pata negra, como debe ser, no como las de ahora, que a los interinos se las ponen como las carambolas a Fernando VII. Además, los profesores de la concertada eluden otro inconveniente, pues al tener su trabajo cerca la mayoría de las veces no tienen que ejercer en pueblos apartados hasta llegar al destino deseado. Las plazas vacantes de los centros concertados deberían ser ofertadas a todos los profesores, aplicando solamente los principios de mérito y capacidad. Estamos ante una prueba más de que el Gobierno andaluz, aunque se autodenomine de izquierdas, practica una política más propia de un partido de derechas, contribuyendo a deteriorar todavía más la enseñanza pública.

Antonio Rojas Romero (Correo electrónico)

La desaceleración económica y el ajustado presupuesto han llevado al Gobierno socialista español a ofrecer incentivos a los inmigrantes desempleados para que regresen a sus países, a medida que endurece su política de inmigración. El Gobierno también se plantea endurecer las regulaciones para la reagrupación familiar. La iniciativa española llega en un momento en el que toda la UE lucha contra la inmigración -legal e ilegal- mientras que se ralentiza el crecimiento económico. La medida española marca un nuevo enfoque en el esfuerzo europeo por controlar la inmigración y la presión que ésta ejerce sobre las arcas del Estado. Mientras que el resto de Europa ha estado trabajando para bloquear la inmigración y expulsar a los inmigrantes ilegales que ya están en el país, España está trabaja proactivamente para comprar la salida de los desempleados que estén en el país de forma legal. En España, cerca de cuatro millones de inmigrantes han ayudado a propiciar el auge económico desde el 2000, aceptando trabajos mal remunerados que rechazan los españoles, fomentando el consumo y alimentando el auge inmobiliario. Los inmigrantes ocuparon más de la mitad de los 2,6 millones de empleos creados entre 2001 y 2005. (...)