Ala mayoría de la gente le importan un bledo las explicaciones sobre el doble cómputo o la aplicación y no aplicación de la doctrina Parot, que probablemente ni siquiera entienden porque es complicado comprender cuándo y por qué los jueces las tienen en cuenta. Lo que pone a cien a la mayoría de los españoles es el espectáculo que está dando la Judicatura, el espectáculo de que uno jueces se pronuncien de determinada manera ante determinado asunto y otros jueces se pronuncien de forma completamente distinta ante otro asunto idéntico o que la Audiencia Nacional tome una decisión sobre el etarra Troitiño, por ejemplo, y el Supremo diga lo contrario; y cuando la Audiencia Nacional finalmente asume lo que dictamina el Supremo, haya que dar una orden de búsqueda y captura de Troitiño, una euroorden, porque el etarra se encuentra oficialmente en paradero desconocido, aunque luego no era así porque siempre hay policías y guardias civiles que saben qué hacer cuando un juez pone en la calle a un terrorista antes de que cumpla su condena y la Fiscalía presenta el recurso correspondiente.

Un país va mal cuando no confía en sus jueces, y en los últimos tiempos algunos de ellos están dando pie a la desconfianza. No se debe generalizar, evidentemente, pero se cae el alma a los pies ante el número creciente de casos en los que los jueces se pronuncian en contra de lo que marca el sentido común, se defienden con el argumento de que se limitan a aplicar las leyes y casi siempre aparece algún profesional que encuentra resquicios para aplicar la ley según marca el sentido común. Lo que indica que los primeros no han cumplido bien su trabajo. Y el alma cae aún más abajo cuando el Supremo, la Audiencia Nacional o el Tribunal Constitucional no se pronuncian de igual manera.

No es culpa del ministro de Justicia, como apuntaba algún portavoz de la oposición que probablemente pone más el acento en hacer oposición que en recordar la independencia del poder judicial del poder legislativo y del ejecutivo. Aunque al ministro le cabe autoridad ante los fiscales, y de hecho vemos cómo la está ejerciendo ante un caso que en estos momentos preocupa a los políticos y a la sociedad, el futuro de las listas de Bildu. Sin embargo, sí se podrían exigir responsabilidades al Consejo General del Poder Judicial, que no siempre pone en su sitio a los jueces que cometen errores.

Porque en estos asuntos que ahora nos ocupan hay disparidad de criterios, que son normales en cualquier sector profesional; pero se percibe también alguna actitud que tiene poco que ver con la diferencia de criterio y sí en cambio con politización o incluso con falta de rigor. Y eso ya no se puede aceptar. Cuando un porcentaje alto de ciudadanos no tienen confianza en su justicia, el país va a la deriva.

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