LA asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación desaparecerá del catálogo de enseñanzas optativas en las tres ramas de Bachillerato que ofertará el sistema educativo de Andalucía. La insólita decisión fue adoptada el pasado 7 de mayo por la Consejería de Educación del Gobierno andaluz, que ayer, sin embargo, pareció renunciar a su propósito y reafirmó su compromiso con las TIC. A la espera de una aclaración definitiva, llamamos la atención sobre el peligro de que la nuestra sea la única comunidad autónoma de España que no incluya esta materia en su oferta a los estudiantes. El argumento utilizado por las autoridades educativas fue que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) deben ser transversales, es decir, deben utilizarse en la impartición de todas las asignaturas y no en una específica, como hasta ahora. Casa mal con la cacareada campaña de la Junta en favor de la entrega de ordenadores gratuitos en los colegios y, sobre todo, con el hecho de que los expertos informáticos y programadores están adquiriendo un papel cada vez más relevante en el desarrollo de los avances tecnológicos y el valor añadido de los diversos procesos productivos. Además, la involución se pretendía implantar precisamente en los dos últimos años del bachillerato, que es cuando los alumnos deben tomar las decisiones fundamentales sobre su formación futura y la preparación que necesitan para su inserción en el mundo económico y profesional. Hay que tener en cuenta que las TIC proporcionan al alumnado nociones de infomática, diseño web, aplicaciones y programación, todas ellas de gran importancia en una sociedad desarrollada. "La formación integral del alumnado tiene que incluir la competencia digital, no se puede entender que en 2016 se estudie menos informática que en 1995", ha denunciado Andrés Alcaraz, presidente de la Asociación Andaluza de Profesores de Informática, un colectivo de 900 enseñantes que se verá perjudicado por la medida, aunque en menor medida que los estudiantes. En este caso, la reivindicación del sector docente damnificado se corresponde con el interés general. Es el sistema educativo andaluz en su conjunto el que saldría dañado si la Junta no reconsidera finalmente su decisión, cuyas auténticas razones no han sido explicadas ni, menos aún, debatidas dentro de la comunidad escolar. Se estaría dando un paso atrás en la modernización de la enseñanza y en su adaptación a las exigencias de la sociedad de la información y la economía avanzada y globalizada. Un buen asunto para que el Gobierno en funciones informe al Parlamento recién constituido y despeje las incógnitas que pesan sobra la enseñanza de las TIC en el bachillerato.