la esquina

La Junta traga quina

EL Gobierno andaluz ha dado su brazo a torcer: hoy enviará a la juez Mercedes Alaya las actas de las 480 reuniones que ha celebrado en los últimos diez años, es decir, durante el tiempo en que se ha producido el escándalo de los expedientes de regulación de empleo adulterados que Alaya investiga e instruye.

Griñán y los suyos están, íntimamente, que se los llevan los demonios ante los requerimientos y ultimátums de la juez, pero han optado por obedecerle. Aunque mantienen su criterio de que las actas son reservadas y plantean el conflicto de jurisdicción ante el Tribunal Supremo, se han plegado a que tales documentos, en sobres lacrados, sean custodiados por el juzgado hasta que se dirima dicho conflicto. ¿Por qué? Para no ser imputados por desobediencia o quebrantamiento de medida cautelar.

Para cambiar su actitud sobre las actas la Junta ha tenido que tragar quina. Por ejemplo, la quina del último auto de Mercedes Alaya, que ordena textualmente que se las manden porque "son medidas imprescindibles para evitar que se eluda la acción de la Justicia, se produzca un grave perjuicio al interés público y se originen daños graves e irreparables", y concreta: "para evitar, también en el terreno de la hipótesis, que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas del Consejo de Gobierno". El auto se las trae. Sugiere que si las actas siguen en poder del Gobierno de la comunidad autónoma, el Gobierno las falsificará para ocultar los actos de prevaricación supuestamente cometidos en los ERE. Quien es capaz de prevaricar también lo es de llevar a cabo una falsedad en documento público, parece suponer la juez.

Los expertos discuten si las exigencias de la juez son exageradas o correctas. Lo bueno de los expertos es que valen para una cosa y para la contraria, de modo que no se ponen de acuerdo al respecto. Los profanos, en cambio, hemos de conformarnos con echar mano del sentido común. El que yo he ido criando me dicta, con toda humildad y sin afán de proselitismo, que Alaya no debió pedir todas las actas, sino aquéllas que tengan relación con el asunto investigado. Por poner un caso: todos los acuerdos del Consejo de Gobierno sobre expedientes de regulación de empleo planteados por la Consejería del ramo o sobre las ayudas del IFA para subvencionar a las empresas con expedientes o sobre los informes de la Intervención General acerca de los procedimientos. A la juez no le tienen por qué interesar, por el contrario, las actas vinculadas a la Consejería de Salud, Medio Ambiente, Educación... y casi todas las restantes. Esto no es una causa general contra la Junta, sino sobre el fraude de los ERE.

Pero la Junta traga quina y enviará todas las actas.

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