LA Justicia no pasa por su mejor momento. Sentencias como la del caso Marta del Castillo o la de Camps sin ir más lejos provocan que parte de la ciudadanía desconfíe del sistema. Con casos que tardan más de un año en notificarse, con un tapón judicial que asfixia a empresas y familias, con la diversidad de criterio que ha demostrado aquí en Málaga la Fiscalía con los asuntos relacionados con la corrupción urbanística y con sentencias que pueden parecer injustificadas, el mapa judicial siembra dudas. Y muchas. Nadie niega que tanto los jueces como los fiscales y los abogados sean víctimas del propio colapso y de que puedan estar saturados, pero casos como el del juez De Urquía, condenado por cohecho por aceptar sobornos de Roca y que podría volver a vestir la toga tras el fallo del Supremo, invitan al desasosiego. La última medida controvertida en el ámbito judicial ha sido el copago que anunció la pasada semana el ministro Gallardón. "Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas", dijo el exalcalde de Madrid. O traducido de otra forma: el que tenga dinero podrá recurrir a otras instancias y el que no lo tenga y siga confiando en la justicia, que se busque la vida y se hipoteque. Quizás suene algo injusto.