DESPUÉS de dos leyes urbanísticas, decenas de planes de ordenación del territorio subregionales, comarcales y metropolitanos, adaptación municipal de planes generales, conversión de normas subsidiarias y una panoplia dispositiva que establecía hasta el porcentaje de las pendientes en que se podía construir, y que ha mantenido ocupado estos años al aparato administrativo andaluz de varias consejerías, se demuestra que la única norma que impera y perdura por encima de cualesquiera que intente sustituirla es la Ley de la Selva.

Así que el Gobierno autonómico se prepare para promulgar dentro de una semana un decreto en el que nos anunciará que hay un montón de lianas a las que sujetarse para saltar de casa en casa, así hasta 50.000 sólo en esta provincia. Y que ya no hay motivo para considerar agreste este paisaje sino todo lo contrario, regularlo como una de las singularidades de esta tierra. Diseminados, campitos, aperos de labranza transmutados en chalés, autoconstrucción... ¡Qué más da la denominación de origen!

El motivo para este advenimiento en 2012 es la proximidad de las elecciones. No está el PSOE para perder otras decenas de miles de votos de propietarios de inmuebles hasta hoy ilegales con la amenaza de una demolición que probablemente en la mayoría de los casos nunca se llegaría a ejecutar. Así que lo mejor es salir del avispero cuanto antes. Protestará el PP, si acaso y con matices, con la boca pequeña por esta operación blanqueo. En el fondo, si alcanza el poder en la Junta estarán encantados de que le hayan despejado el engorro urbanístico. No imagino a Javier Arenas blandiendo la piqueta. En todo caso, será una oportunidad para aumentar los ingresos tributarios y un quebradero de cabeza para los ayuntamientos. Porque los inquilinos reclamarán los servicios a que tienen derecho como cualquier hijo de vecino.