TRAS tres años sin citas con las urnas, salvo en comunidades históricas que siempre eligen por separado, los españoles están convocados a votar el próximo 22 de mayo la composición de los casi ocho mil ayuntamientos y de los parlamentos de territorios que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución. Ante esta convocatoria nacional, los principales partidos políticos culminan en estos días la confección de sus candidaturas. Tanto los dos partidos mayoritarios como otras formaciones políticas llevarán en sus listas a un centenar de candidatos que están imputados en procesos judiciales, incumpliendo así los códigos éticos de los que se han dotado respectivamente para convencer al ciudadano de que tienen tolerancia cero a la corrupción. Al PP le han llovido las críticas desde la izquierda por mantener -especialmente en Valencia- a una decena de imputados en casos del calado de Gürtel o Brugal, pero ni el PSOE ni IU pueden decir que no llevan imputados en sus listas. Es cierto que la imputación judicial no es más que una garantía en el proceso que permite acudir al Juzgado asistido de abogado y que no es certeza no ya de condena, como exige la presunción de inocencia a la que da derecho la Constitución, sino ni siquiera de acusación formal o procesamiento. Pero no es menos cierto que son los propios partidos quienes han situado en la imputación el listón de la participación en política. Y lo han hecho de manera voluntaria, no por ningún precepto legal. Sin embargo, la letra de estos códigos éticos se incumple por todos, lo que demuestra que las direcciones políticas aprueban estas normas de comportamiento más por propaganda que por convicción, por estética más que por ética. No se trata pues, a nuestro juicio, de si un imputado debe ir en una lista electoral o no -que es un criterio de doble filo que anima a la judicialización de la política- sino de que si se han comprometido públicamente a hacerlo deben cumplirlo. Lo contrario es sencillamente predicar sin dar trigo.