LA provincia de Málaga vive sometida desde el pasado mes de diciembre a una confluencia de fenómenos atmosféricos que han facilitado el paso de hasta nueve borrascas casi sin solución de continuidad. El resultado es un registro histórico de precipitaciones por estas latitudes de casi 700 litros por metro cuadrado en menos de un trimestre. Un volumen de lluvia sólo comparable al contabilizado en las riadas de 1989. Afortunadamente, las obras acometidas tras aquel desastre para encauzar el río Guadalhorce han evitado en esta ocasión las gravísimas consecuencias de entonces, aunque una segunda fase del proyecto quedó pendiente en 1995, lo que hubiera podido atenuar los desbordamientos de ahora. Por no recordar otra vez el prometido y olvidado Plan de Defensa Forestal, el denominado Cinturón Verde, que debía multiplicar por cinco la superficie del Parque Natural de Los Montes, que se creó a mediados del siglo pasado para proteger a la ciudad de las avenidas de agua. El temporal ha evidenciado que las lecciones tras las últimas inundaciones sirvieron para muy poco. Los polígonos industriales de Guadalmar, Villarrosa y Huertecilla, así como ese triángulo en Campanillas entre el PTA y Mercamálaga, han vuelto a evidenciar que soportan unas infraestructuras muy frágiles pese a la importancia económica que representan. Es cierto que es imposible preparar una ciudad para soportar la furia desatada de la naturaleza y los casi 200 litros de lluvia en menos de 48 horas han sido un castigo excesivo, pero no lo es menos que este tipo de situaciones son cíclicas y propias del clima Mediterráneo. De nuevo, ha quedado demostrado que la capacidad de los embalses actuales es insuficiente para absorber la crecida de ríos y arroyos. Y la paradoja es que la provincia padece un problema endémico de sequía. Tampoco el serio aviso que ofreció el Guadalhorce hace ahora dos décadas ha evitado la proliferación de viviendas ilegales estos años, asentadas en su cuenca a lo largo de todo el valle. Sólo en Cártama se cifra ese número de inmuebles irregulares en 700, con el grave peligro que representa para las familias que las habitan y los riesgos a los que ha sido necesario exponer al personal de salvamento. Una vez más, la Administración se muestra impotente para combatir esta realidad.