EL Gobierno socialista encadena una mala noticia tras otra. En vísperas de conocerse los datos del paro, que serán muy negativos, se le alborota el frente nacionalista, que aparentaba rara calma. Tan rara que se ha roto a las primeras de cambio.

En el sector del País Vasco parecía normalizada la situación -dentro de lo que es factible tratándose del País Vasco- después de que el Ejecutivo cumpliera las expectativas que de él dependían: promover ante el Supremo la anulación de todas las candidaturas electorales de Bildu como sucesoras del conglomerado ETA-Batasuna. También respiró tranquilo al comprobar cómo todos los grupos parlamentarios se le unían para vetar otra iniciativa partidista del PP en relación con el terrorismo, concretamente sobre el caso Faisán.

Poco duró la alegría. Ayer mismo el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, retomó una de esas poses levantiscas a las que tanto provecho suele sacar y amenazó al Gobierno con no apoyar los próximos presupuestos generales del Estado, los últimos de la legislatura, si Bildu no consigue su propósito de comparecer en las urnas del 22-M. Aún falta mucho para que se debatan esos presupuestos y el PNV tiene tiempo de sobra para arrepentirse del ultimátum, pero la exigencia no puede ser más desproporcionada. Le pide al Gobierno "altura de miras" y "visión de futuro", obviando el detalle de que la participación o no de los proetarras no está en manos de los gobernantes, sino de los magistrados del Tribunal Supremo. ¿O se pretende que el Gobierno dé consignas al Alto tribunal?

Pasemos a Cataluña, donde se amontonan las malas nuevas. El Gobierno de Artur Mas ha advertido que no piensa cumplir con el objetivo de reducción del déficit público que atañe a su comunidad, salvo que Madrid le anticipe los 1.350 millones que le corresponde por el llamado fondo de competitividad, extremo éste que Elena Salgado ha descartado por completo. El asunto ya ha deparado consecuencias en el seno del socialismo: los senadores del PS de Cataluña votaron una moción que insta al Gobierno nacional a pagar esa cantidad, propiciando la derrota de Zapatero en el Senado. Y hay más, en otro orden de cosas. La dirección del PSC ha decidido hacer una campaña electoral muy centrada en los problemas municipales y no permitirá que ningún dirigente del PSOE participe en la misma. Será la primera vez desde que Zapatero es secretario general socialista que no habla en el último gran mitin de campaña de sus compañeros catalanes.

En fin, a los nubarrones que ensombrecen la economía y la política nacional se unen estos truenos que periódicamente recuerdan y refrescan los conflictos irresueltos entre Gobierno y autonomías.

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