LA propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoso, de modificar la ley para que puedan exigirse responsabilidades penales a los políticos y gestores públicos que asuman gastos no presupuestados ha provocado reacciones encontradas, no sólo en la clase política, sino también entre expertos y jueces. No obstante, a aquélla, más allá del ruido y de atendibles consideraciones técnicas, al menos ha de concedérsele el valor de poner el acento sobre un problema endémico que preocupa, y mucho, a la sociedad española. No es posible, así, que, tras el enorme despilfarro municipal autonómico y estatal que ha provocado la praxis administrativa en los últimos años, nadie acabe asumiendo más consecuencias que las meramente políticas. Se han hecho las cosas tan rematadamente mal, la juerga ha sido tan evidente, que la ciudadanía tiene la percepción, sin duda cabal, de que reina una impunidad intolerable.

Es cierto que, en nuestro país, existen normas -habría que ver si suficientes- para semejantes desmanes: cuando se gasta sin saber si hay crédito o a sabiendas de que no lo hay, se esta incurriendo en una ilegalidad sancionable por preceptos disciplinarios, administrativos, contables y hasta penales. Pero no lo es menos que, en la realidad, éstos no suelen aplicarse, lo que, además de alentar corruptelas, genera fundadas incertidumbres sobre su verdadera eficacia y consagra un peligrosísimo divorcio entre el pueblo y sus representantes.

Y es que están fallando demasiados mecanismos: junto a la letra muerta de las leyes, tampoco sirven en absoluto los teóricos servicios de control de las diferentes administraciones, en la mayoría de los casos integrados por personas que actúan con criterios político-partidistas. El reforzamiento, por ejemplo, de la intervención (maldita la hora en que la dinamitaron), recuperando como preceptivo y vinculante su informe y desencadenando la pérdida de la competencia para el gasto de la autoridad que prescinda del mismo o se aparte de él, nos ahorraría un buen número de sobresaltos.

No seré yo, pues, quien se oponga a esa futura Ley de Transparencia que el Ejecutivo planea como complemento a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Al igual que merecerá mi aprobación todo intento razonable de limpiar los establos de la vida pública española. No me parece lógico que aquí sea más comprometido administrar una sociedad privada que los fondos de todos. Algo hay que hacer, y pronto, para que quien asuma un cargo público entienda el valor de lo que se le entrega y aplique, como poco, idéntica diligencia que con su propio dinero. Con nuevos delitos o sin ellos, ya toca que el sistema corrija sus disfunciones, incluso recobrando lo malbaratado del patrimonio particular del incumplidor. Por salud democrática, por imperiosa necesidad, por el respeto que se nos debe, por no seguir desoyendo, al cabo, los atinados mandatos del sentido común.