EL ex ministro del PP Álvarez Cascos declaró el jueves como imputado, tras ignorar una primera citación, por un delito de injurias al haber afirmado que la Policía había falsificado pruebas en el caso Gürtell. No ha sido el único. Las hemerotecas están llenas de titulares de dirigentes populares que han acusado a policías, fiscales y jueces de actuar por intereses políticos. En Málaga, sin ir más lejos, lo han dicho por activa y por pasiva en relación al procesamiento del alcalde de Alhaurín el Grande. Diría más, no hay dirigente popular que, ante cualquier actuación judicial que salpicase a su partido, no haya afirmado que la larga mano del PSOE estaba detrás de la justicia.

Nadie como el PP en la última década ha cuestionado más la independencia de los jueces. Sus razones tienen para ello. Como posteriormente han reconocido algunos de sus protagonistas, tras el inesperado triunfo de Felipe González en el 93 conocidos periodistas y políticos, junto a algunos fiscales y jueces, se constituyeron en poder fáctico para acabar, disuadidos de la improbabilidad de su derrota en las urnas, con el entonces presidente del Gobierno. El paradigma es el juez Garzón que ha sido reiteradamente acusado de servir a una causa política y a la contraria.

La berlusconiana costumbre de atacar y deslegitimar, sometiéndolos a la presión mediática, a los jueces que llevan causas relacionadas con la política, resulta poco presentable… Pero, ¿y si tienen razón los populares? Me pregunto si no será ese el caso, por ejemplo, del juez Ruz cuya instrucción del Faisán según ha afirmado uno de sus compañeros, en un voto particular a un reciente auto, está fuertemente politizada. Podríamos así mismo conjeturar que en el caso de los ERES, además de la incuestionable gravedad de los presuntos delitos que se persiguen, se pretenda mediante la aparatosa instrucción beneficiar los intereses de la oposición. Yo no lo creo, pero ¿y si el PP tiene razón y realmente hay jueces cuyos actos están motivados por razones políticas?

La juez ha requerido de forma intimidatoria las actas de los Consejos de Gobierno de los 10 últimos años para así impedir que el ejecutivo las pueda manipular. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre el derecho de la juez a exigir una documentación que, además de su carácter reservado, abarca muchos otros asuntos que nada tienen que ver con la causa que instruye. Por su parte los perplejos ciudadanos se tendrán que preguntar: si, en un sistema basado en la división de poderes, una juez desconfía hasta ese extremo del poder ejecutivo, por qué no dudar (como insistentemente hace el PP) del recto proceder del poder judicial. Al fin y al cabo al primero lo elegimos nosotros. Deberíamos ser más cuidadosos con estas cosas: no puede haber democracia sin jueces en los que confiar ya que de su independencia y probidad dependen en buena medida que podamos disfrutar de nuestros derechos y libertades, pero… ¿y si tiene razón el PP?