TIENE todos los ingredientes de un Pacto de Estado (salvo el de haber sido negociado con generosidad hacia las demás fuerzas políticas): los dos firmantes son, por ahora, los partidos mayoritarios, han hecho concesiones en aras del acuerdo, se refiere a un asunto tan capital como la seguridad y la libertad y está blindado ante las coyunturas electorales, ya que PP y PSOE se comprometen a respetarlo, estén mañana en el Gobierno o en la oposición.

Esto último es importante. Socialistas y populares han sorteado el principal escollo en las negociaciones. Los primeros suscriben un texto que abre paso a la prisión permanente revisable, aunque advierten de que la quitarán en cuanto puedan, y los segundos continuarán vinculados al pacto aunque una futura mayoría parlamentaria del PSOE elimine la imposición de esta pena para actos terroristas con resultado de muerte.

El nivel de responsabilidad mostrado por los dos partidos está a la altura de los tres grandes pactos antiterroristas anteriores. Todos ellos supusieron un notable avance en la lucha contra el terror. Los de Ajuria Enea y Madrid, en los años ochenta del siglo pasado, configuraron sólidos bloques vasco-españoles de unidad a prueba de bombas y de rechazo a cambiar paz por reivindicaciones políticas extraconstitucionales; el de la Ley de Partidos, en el año 2000, que ilegalizó a batasunos y asimilados, abortó el uso de las instituciones democráticas por parte de ETA. En otras palabras, la utilización de la libertad para acabar con ella.

Este pacto de ahora se hacía necesario por las peculiaridades del terrorismo yihadista, que obligan a dotar al Estado de instrumentos que los pactos anteriores no podían prever. Cuando ETA no había lobos solitarios para atentar por su cuenta, ni la propaganda del terror se desplegaba a través de internet, ni los combatientes se ejercitaban en guerras extranjeras para golpear en casa una vez retornados ni las operaciones se financiaban mediante una red de carnicerías y locutorios de apariencia legal. Todo lo que se ha hecho es adaptar al nuevo terrorismo las herramientas que sirvieron para derrotar el viejo. Medios jurídicos, humanos y materiales renovados contra los que han renovado sus formas de asesinar. La misma guerra con otro nombre.

Todos deberían sumarse a este pacto (bueno, menos Amaiur, por su propia naturaleza) aunque PP y PSOE no los hayan llamado.