EL presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, firmaron ayer tarde en la Moncloa el pacto antiterrorista contra el yihadismo que se ha venido fraguando en las últimas semanas. Concretamente, el llamado Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y la lucha contra el terrorismo, que es el cuarto de sus características suscrito durante la democracia, aunque en esta ocasión su objetivo se centra en el combate contra el terror de raíz yihadista, cuya gravedad se ha puesto de relieve con los brutales atentados de París y los innumerables asesinatos de rehenes occidentales en manos del Estado Islámico. Rajoy y Sánchez han resaltado tras la firma la importancia de que las fuerzas democráticas manifiesten expresamente su voluntad de mantenerse unidos frente a la amenaza terrorista orillando sus discrepancias en otros asuntos de la política nacional. Es eso precisamente lo que imprime más valor y significado al acuerdo, aunque habría tenido mucho más si ambos partidos, PP y PSOE, se hubiesen mostrado abiertos a negociar su contenido con las restantes formaciones políticas del arco parlamentario. Se trata, pues, de una unidad a medias, aunque ello no debe hacer olvidar que los firmantes representan a los partidos ampliamente mayoritarios en las elecciones celebradas hasta ahora, los únicos que se han turnado en el Gobierno de la nación (aparte del paréntesis de UCD). El pacto incluye la regulación de conductas y actividades específicas del terrorismo yihadista, como la figura de los lobos solitarios, la financiación del terrorismo y la penalización de la propaganda de actos terroristas y contenidos radicales a través de internet. La negociación, finalmente exitosa, ha tenido que superar algunos obstáculos importantes. El más destacado, la implantación de la prisión permanente revisable a los 25 ó 35 años, pretendida por el PP y a la que el PSOE se ha venido oponiendo tradicionalmente por considerarla una modalidad de la cadena perpetua. En la proposición de ley que los dos partidos presentarán conjuntamente en el Congreso de los Diputados lo que se hace es remitir el castigo de los actos terroristas al Código Penal, que prevé dicha pena máxima para el terrorismo con resultado de muerte, según la formulación que el PP acaba de aprobar en el Congreso y se dispone a ratificar en el Senado. No obstante, el punto octavo del pacto incluirá una cláusula que refleja el rechazo de los socialistas a la prisión permanente revisable y su voluntad expresa de modificarla cuando disponga de la mayoría parlamentaria suficiente. Esta transacción ha hecho posible un pacto que era de todo punto necesario.